La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), que representa a las principales compañías del sector en España, ha propuesto la implantación de un peaje medio de 3 céntimos por kilómetro en la red de autovías del país. Según sus estimaciones, esta medida permitiría recaudar anualmente más de 5.700 millones de euros, aliviando así la carga presupuestaria del mantenimiento viario que actualmente recae en su totalidad sobre los fondos públicos.
La propuesta ha sido presentada en el informe “Alternativas de tarificación por el uso de vías de alta capacidad de la red española de carreteras”, en el que se argumenta la necesidad de un nuevo modelo de financiación ante un déficit acumulado de inversión que alcanza los 11.494 millones de euros. Seopan sostiene que el actual sistema, basado en financiación pública, penaliza al conjunto de la ciudadanía, incluyendo a quienes no utilizan la red de carreteras, y reduce la capacidad de inversión en servicios esenciales como sanidad, educación o pensiones.
El documento advierte también de un desequilibrio territorial derivado del modelo vigente. España es el único gran país de la Unión Europea cuya red de carreteras de alta capacidad es, en su mayoría, gratuita. De hecho, el país concentra el 68% de las autovías sin peaje de todo el continente, lo que permite que conductores extranjeros circulen sin coste por la red española, mientras que los ciudadanos nacionales deben pagar por el uso de las carreteras en otros países europeos.
Frente a esta situación, Seopan destaca que en 19 países de la UE toda la red de autopistas está sujeta a tarificación, y otros cinco han implantado peajes en más del 75% de sus vías. En contraste, solo el 13% de las vías españolas de gran capacidad están actualmente sometidas a peaje, lo que, a juicio de la patronal, genera un agravio comparativo respecto a otros modos de transporte como el ferroviario, el marítimo o el aéreo, cuyos usuarios sí pagan por el uso de infraestructuras.
El escenario que se contempla
El escenario central propuesto por la patronal contempla una tarificación de 3 céntimos por kilómetro para vehículos ligeros y 14 céntimos para camiones, con una concesión a 25 años. Con este esquema, los ingresos acumulados ascenderían a 143.024 millones de euros, con un ahorro público estimado de 41.038 millones y un retorno fiscal de 35.314 millones. Si se aplicaran las tarifas medias europeas, de 9 y 18 céntimos respectivamente, los ingresos podrían alcanzar los 297.477 millones en el mismo periodo.
El informe sugiere además la implementación de bonificaciones para determinados colectivos, como usuarios frecuentes o personas vulnerables, en función del tipo de vehículo, la frecuencia de uso o las características del propietario. También plantea que los ingresos obtenidos permitan adaptar y modernizar la red, incluyendo mejoras en seguridad vial, zonas de aparcamiento seguro, cargadores públicos para vehículos eléctricos, pantallas acústicas, plantaciones arbóreas y sistemas de conectividad digital.