La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presuntos delitos fiscales y de falsedad documental. El tribunal desestimó el recurso presentado por la defensa del empresario y de su sociedad, Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente S.L., en relación con un supuesto fraude fiscal de 350.000 euros correspondiente a los ejercicios de 2020 y 2021.
En un auto reciente, la Sección Tercera del tribunal rechazó el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que en mayo acordó continuar el proceso mediante el procedimiento abreviado, paso previo a la apertura del juicio oral. La defensa solicitaba la nulidad de esa resolución al considerar que se había vulnerado su derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, al no haberse admitido las diligencias de investigación solicitadas.
El tribunal recordó que ya se había denegado la práctica de determinadas pruebas, entre ellas la declaración de testigos y la ratificación pericial de un informe tributario presentado fuera de plazo. Según la resolución, las diligencias propuestas no resultaban necesarias ni útiles para esclarecer los hechos investigados. Los magistrados concluyeron que, al no haberse acreditado vulneración de derechos fundamentales, no existía motivo para anular la resolución recurrida.
No declaró en febrero
González Amador, que se acogió a su derecho a no declarar en febrero, había expresado su disposición a hacerlo una vez resuelto un recurso vinculado a una pieza separada de la causa, aunque finalmente no volvió a solicitar comparecer. La Audiencia señaló que, tras la denegación de las pruebas pedidas, procedía confirmar el auto que ponía fin a la fase de instrucción y abrir paso al juicio oral.
El pasado septiembre, la jueza instructora —ya jubilada— dictó la apertura de juicio oral contra González Amador y otros cuatro investigados. El Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado solicitaron para él una pena de tres años y nueve meses de prisión por dos delitos fiscales en concurso medial con falsedad documental.
Las acusaciones ejercidas por el PSOE y Más Madrid elevaron la petición de pena a cinco años de prisión al añadir los delitos de falsedad contable y pertenencia a grupo criminal. Según el escrito de acusación, González Amador será juzgado por supuestos delitos contra la Hacienda Pública relativos al impuesto de sociedades de 2020 y 2021, además de falsedad documental, delito contable y pertenencia a grupo criminal.