El Gobierno ha incluido en el macrodecreto ómnibus aprobado el martes una medida que pasa desapercibida frente a otras de mayor impacto mediático, como la subida de pensiones o las ayudas al coche eléctrico. La disposición establece que los desempleados que perciban prestaciones no estarán obligados a presentar la declaración de la renta para poder cobrar el paro, eliminando una exigencia que figuraba en la Ley General de Seguridad Social. De esta manera, quienes no presenten el IRPF no podrán perder la prestación. El Ejecutivo ha argumentado que la obligación excedía la finalidad inicial de la norma, que era únicamente dotar de información adicional a la entidad gestora de los subsidios por desempleo.
El decreto, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), advierte que mantener esta obligación supondría un aumento innecesario de la carga administrativa para los trabajadores. A diferencia de la prestación por desempleo, otras ayudas como el Ingreso Mínimo Vital o el subsidio por desempleo sí requieren presentar declaración de ingresos, ya que la percepción de estas prestaciones está condicionada a no superar determinados niveles de renta.
La exención se limita exclusivamente a la normativa de la prestación por desempleo. Los beneficiarios deberán seguir cumpliendo la obligación de declarar cuando la ley de IRPF así lo indique, por ejemplo, en casos de rendimientos del trabajo superiores a 22.000 euros, existencia de dos pagadores, determinadas deducciones o en la situación de autónomos.
Entre las medidas más destacadas del decreto se encuentran la subida de las pensiones y la congelación de las cuotas de autónomos. Las pensiones aumentarán un 2,7% de manera general, mientras que las mínimas y las de viudedad con cargas familiares se revalorizarán entre un 7% y un 11,4%. De igual manera, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital recibirán un incremento del 11,4%.
Las medidas para autónomos
Respecto a los autónomos, el Ejecutivo ha decidido mantener en 2026 las cuotas ya vigentes en 2025, que oscilan entre 200 y 590 euros mensuales, ante la imposibilidad de cerrar un acuerdo con sindicatos y asociaciones del sector. El decreto también actualiza las bases mínimas y máximas de cotización y prorroga incentivos fiscales relacionados con vehículos eléctricos, infraestructuras de recarga y energías renovables. Además, exime de tributar a las ayudas otorgadas a los afectados por los incendios del pasado verano.
En materia fiscal, se actualizan las entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales, ajustadas según los cálculos de junio pasado, dado que la prórroga de los Presupuestos impidió su actualización a través de los PGE. El decreto incluye, asimismo, la autorización para que la Comunidad Valenciana pueda recurrir a endeudamiento adicional o a mecanismos financieros extraordinarios para cubrir las necesidades generadas por la DANA de octubre de 2024.