Desde 2018, la exclusión en Andalucía ha aumentado más de un 36%, lo que implica que, en 2021, algo más de 2,2 millones de personas (el 26,3% de la población andaluza) se encuentran en situación de exclusión social. De ellas, la mitad, 1,1 millones de personas, se encuentra en una situación de exclusión severa; y de estas, casi 475.000 personas están en una situación aún más crítica, es la denominada sociedad expulsada.
Son datos del informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, elaborado por la Fundación Foessa, presentado por las Cáritas Diocesanas de Asidonia-Jerez y Cádiz el en el salón de actos de la Universidad de Cádiz, en el campus jerezano.
Una de las huellas más significativas de la pandemia ha sido la brecha digital, que afecta a tres de cada diez hogares andaluces y a casi la mitad de los hogares en situación de exclusión. La falta de conocimiento y medios tecnológicos ha generado una brecha que afecta a casi la mitad de los hogares que están en situación de exclusión.
“Un apagón digital que conlleva pérdida de oportunidades laborales, formativas, de relaciones o de acceso a derechos como ayudas y prestaciones sociales y que nuevamente afecta a quien más necesita de esas oportunidades”, comenta Thomas Ubrich, miembro del equipo de estudios de Cáritas Española y del comité técnico de la Fundación Foessa, presente en la presentación del informe, junto a Juan Pérez, director de Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez, Vicente Ortell, director de Cáritas Diocesana de Cádiz y Jacinto Porro, delegado del rector para las Políticas de Responsabilidad Social y Corporativa de la Universidad de Cádiz.
El informe realizado por la Fundación Foessa constata, además, que la brecha causada por la circunstancia de género, la de nacionalidad extranjera y la de edad, aunque en menor medida, se han hecho más profundas desde el inicio de la crisis. Así, la desventaja acumulada por razón de género permanece. La exclusión afecta al 37% de los hogares cuya persona sustentadora principal es una mujer, frente al 22% donde esa figura es un hombre.
"El tsunami que ha supuesto esta crisis se ha llevado por delante a un buen número de hogares que disfrutaban de una posición privilegiada de integración plena”, aporta Ubrich, ya que solo el 42% de los hogares andaluces participan con normalidad en la sociedad frente al 49,3% que lo hacía en 2018. El informe revela, además, que la desigualdad y los niveles de pobreza monetaria son altos y persistentes para muchas familias en Andalucía, algo que determina no solo la exclusión, sino que además es fruto de la cronificación de la misma.
Por otro lado, ser extranjero en Andalucía sigue suponiendo una causa que afecta significativamente a la situación de exclusión. El 72% de los hogares encabezados por una persona de origen extranjero se encuentran en situación de exclusión, lo que supone un porcentaje tres veces mayor que entre los hogares encabezados por alguien de nacionalidad española. Ello dibuja una nueva grieta en una sociedad fracturada.
La edad configura la tercera brecha asentada en la sociedad. Uno de cada cuatro jóvenes menores de 30 años está afectado por procesos de exclusión social que les impide dibujar proyectos de vida para transicionar a la vida adulta. “Tenemos una juventud sin empleo o en empleos temporales y precarios y, por tanto, sin posibilidades de emancipación ni de sustentar una vida independiente o a una familia”, comenta Ubrich. Otro colectivo que acumula mayores factores de vulnerabilidad es el de las familias con hijos, con una prevalencia de exclusión social mayor frente a las familias sin hijos.
La crisis ha generado un empeoramiento de las condiciones de trabajo, lo que provoca que haya trabajadores pobres y menos realizados personal y socialmente. La precariedad ha crecido con fuerza y alcanza a casi 320.000 hogares (9,8%), que dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad laboral grave. Además, se han agravado las causas que dificultan el acceso al derecho al trabajo a una parte de las personas desempleadas, lo que genera una peligrosa tendencia a la cronificación de la situación de desempleo.
Ubrich ha alertado de que, durante la crisis, “más de 200.000 familias tienen como sustentador principal a una persona desempleada de larga duración, más de 500.000 familias tienen a todos sus miembros activos en paro y casi 200.000 familias carecen de algún tipo de ingreso periódico, predecible, que permita una mínima estabilidad”.
Jóvenes, adultos entre 45 a 65 años, personas de origen inmigrante y personas en situación de exclusión social son las más perjudicadas por este sistema laboral, que solo les permite el acceso a empleos en sectores no cualificados, en empleos temporales y precarios, con mayor exposición a la enfermedad durante la pandemia y con mayor proporción de despidos.
Además del empleo, la vivienda y la salud son otros grandes motores de la exclusión en Andalucía. En cuanto a la salud, más de 475.000 hogares (14,7%) sufren falta de acceso a medicamentos o tratamientos por problemas económicos. En relación a la vivienda, el informe revela que la combinación entre altos precios y bajos o inestables ingresos hacen que algo más de 400.000 familias (12,4%), una vez realizado el pago del alquiler o la hipoteca, queden en situación de pobreza severa.
Cáritas, ante estos datos, plantea la urgente necesidad de activar políticas que permitan recuperar los derechos perdidos de miles de andaluces, sobre todo de aquellos que más sufren las consecuencias de las crisis. Esta nueva crisis arroja a una parte de la población a situaciones de exclusión; de las que desgraciadamente no se recuperarán jamás, pues los periodos de bonanza económica no consiguen recuperar a una parte de los que caen en esta situación cuando la economía se contrae. De este modo, Cáritas reclama una mayor cobertura de los servicios sociales y su adaptación a la realidad social del siglo XXI.
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