La Unión Andaluza de Entidades de Personas Sordas y la Confederación Estatal de Personas Sordas han reclamado que los debates electorales y otros espacios de información política garanticen la accesibilidad para las personas sordas. Ambas organizaciones han criticado especialmente lo ocurrido el pasado 4 de mayo, cuando, según denuncian, el primer debate de la campaña andaluza emitido en RTVE no contempló estas medidas.
En un comunicado conjunto, las entidades han calificado la situación de "especialmente grave", al haberse producido en el contexto de un proceso electoral en el que consideran "vital" que toda la ciudadanía tenga acceso a la información política. A su juicio, este tipo de carencias compromete la igualdad de participación en la vida democrática.
"La ausencia de condiciones básicas como la lengua de signos excluye a miles de personas sordas y vulnera su derecho a la información", han señalado. Con esta afirmación, ambas organizaciones subrayan que la falta de accesibilidad no es solo una cuestión técnica, sino una limitación directa a derechos fundamentales.
Asimismo, han recordado que RTVE, como medio de titularidad pública, debe desempeñar un papel ejemplar en materia de inclusión y garantía de derechos. "Resulta inadmisible que una televisión pública no asegure la plena accesibilidad de este tipo de contenidos", han añadido, insistiendo en la responsabilidad institucional del ente público.
Las reivindicaciones
El presidente de UnaSord, Rubén Raso, ha destacado que un debate electoral solo cumple plenamente su función democrática si es accesible a toda la población. "Las personas sordas tenemos el mismo derecho que cualquiera a participar, informarnos y decidir sobre la vida política", ha afirmado. Además, ha subrayado que este derecho cuenta con respaldo legal en normativas nacionales e internacionales.
Por su parte, el presidente de la CNSE, Roberto Suárez, ha advertido de la necesidad de planificar la accesibilidad desde el inicio y no como una medida improvisada. "La accesibilidad no puede improvisarse ni resolverse a última hora", ha señalado, reclamando la participación de profesionales cualificados y garantías técnicas. Ambas organizaciones han instado finalmente a los partidos políticos a defender activamente estas medidas, al considerar que asegurar el acceso a la información "no es una opción, es una obligación".