La Junta de Castilla y León no había detectado irregularidades en las inspecciones ordinarias realizadas en la residencia DomusVi de Ávila, el centro donde el pasado viernes murió la artista sevillana Encarnita Polo, de 86 años. Según los primeros indicios, la cantante habría fallecido por estrangulamiento presuntamente causado por otro residente, un hombre de 66 años. Las revisiones llevadas a cabo por la administración autonómica no habían señalado problemas previos en estas instalaciones, de acuerdo con la información facilitada por el Gobierno regional.
La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, señaló ante los medios que el caso permanece “bajo investigación judicial”. Subrayó que será este proceso el que determine con precisión lo ocurrido en el interior del centro. La responsable autonómica evitó avanzar valoraciones adicionales a la espera de que avancen las diligencias abiertas por las autoridades competentes.
Blanco explicó que su departamento realiza inspecciones periódicas en todos los centros de mayores de la comunidad, entre ellos la residencia donde apareció muerta la cantante y actriz. Estas visitas de seguimiento, afirmó, se llevan a cabo con carácter regular y forman parte de los mecanismos establecidos para supervisar la actividad de las instalaciones dedicadas al cuidado de personas mayores.
En relación con DomusVi Ávila, la consejera indicó que el centro también ha sido sometido a los controles habituales y a los procedimientos rutinarios que marca la normativa. Según precisó, en los últimos años las inspecciones no habían revelado “mayor problema” que exigiera medidas adicionales. La Junta sostiene que estos controles se ejecutan para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en materia de atención asistencial.
La investigación
Por otro lado, fuentes de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia informaron a EFE de que el hombre de 66 años señalado como presunto autor de la agresión no ha pasado todavía a disposición judicial. Permanece bajo custodia policial e ingresado en una unidad psiquiátrica, a la espera de la evolución de su estado y de las decisiones que adopten los responsables de la investigación.
Mientras tanto, la asociación El Defensor del Paciente ha remitido un escrito a la Fiscalía Provincial de Ávila solicitando que se investiguen de oficio las circunstancias del suceso. El colectivo sostiene que no debería permitirse que residentes con conductas agresivas convivan sin medidas específicas junto a otros usuarios considerados vulnerables. En su comunicación, la entidad recuerda que la seguridad en residencias privadas está regulada por diversas normativas destinadas a garantizar la protección y el bienestar de las personas mayores.