El Tribunal Supremo será el encargado de resolver qué juzgado dirigirá las investigaciones sobre el teniente coronel de la Guardia Civil David Oliva, ex jefe Antidroga para El Estrecho de Gibraltar, y otros dos agentes por los presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho. El Juzgado de Parla rechazó asumir la investigación al entender que debía hacerse en Andalucía. Finalmente, la Audiencia Nacional planteó una cuestión de competencia.
El caso comenzó a investigarse en la Audiencia Nacional como una pieza separada de una causa mayor sobre narcotráfico. En mayo decidió enviar la parte relativa a David Oliva al Juzgado de Parla dado que la acción delictiva "se produjo en la sede del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, radicada en Pinto, perteneciente al partido judicial de Parla"
Oliva habría presionado a dos tenientes para saber si le estaban investigando por asistir a una fiesta de un narco, unas pesquisas que no se estaban llevando a cabo. Asuntos Internos sí advirtió esas presuntas presiones y empezó a indagarle por eso. También dirigió sus pesquisas contra los otros dos tenientes, igualmente por ambos delitos.
Las coacciones se habrían producido durante su etapa como jefe del OCON-Sur, creado a mediados de 2018 como unidad puntera en la lucha antidroga y desmantelado el pasado septiembre por el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska.
El juez acordó el pasado 12 de abril dejar en libertad pero con la obligación de comparecer mensualmente tanto a Oliva como a los otros dos agentes. Esa decisión, tomada a instancias de la Fiscalía Antidroga, llegó después de escuchar durante varias horas la versión de los tres investigados, que negaron los hechos que se les imputan.
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