El servicio de acogida de menores en Andalucía tiene déficits en todo el territorio. Así lo denuncian diferentes familias que se ofrecen para darle un hogar a menores en situación de especial vulnerabilidad. Sin embargo, en las últimas semanas, la situación se ha agravado en provincias como la de Córdoba.
No son las familias las que denuncian la situación, sino los propios (y pocos) trabajadores del servicio. Yendo directamente al grano hay algo mñas de 160 niños que han sido maltratados o han recibido abusos por parte de sus familias que no están siendo atendidos por la administración. El único motivo para ello es la falta de personal.
La escasez de trabajadores está provocando la acumulación de expedientes sin resolver en la provincia cordobesa. Una situación que únicamente va en perjuicio de los menores ya que tienen que permanecer más tiempo con los familiares que los maltratan o los desatienden.
Ello ha llevado a que en las últimas semanas se hayan producido una serie de manifestaciones por parte de personal del servicio de acogida para exigir al Gobierno de la Junta de Andalucía que ponga los medios necesarios para resolver la situación. Es decir, los trabajadores no dan abasto.
El problema, no obstante, se remonta a 2017 cuando los tres departamentos que trabajan en el asunto (equipo de menores, acogimiento y adopción y centros) compartían una sola asesoría jurídica. La situación ha llegado al límite y ha sido trasladada ya a la Fiscalía de menores y al defensor del menor. Además, las sustituciones se realizan con interinos por lo que cuando pasa determinado tiempo, el problema vuelve a la casilla de salida.
Desde el equipo de dirección de la protección de menores en Córdoba reconocen a lavozdelsur.es que la situación está "empeorando" en los últimos meses. Entre los tres equipos sólo hay dos trabajadores sociales y un psicólogo cuando la última Relación de Puestos de Trabajo publicada por la propia Junta de Andalucía señala que debería haber cuatro y cuatro. Una RPT que, por otro lado, denuncian que se ha quedado desfasada. Estos dos trabajadores sociales y la psicóloga son interinos. "Es una tirita", denuncian.
El trasfondo de esto es que hay menores muy perjudicados. En total son 160 expedientes los que se acumulan a estos servicios de protección de menores sin poder avanzar. "Sólo estamos atendiendo las situaciones muy graves", explican los trabajadores.
Estos niños que se identifican sufren maltratos y abusos por parte de sus familas por lo que el colapso supone que pasen más tiempo con ellas y, por lo tanto, empeoren sus situaciones personales. Tres personas tienen que gestionar ahora mismo las 300 denuncias particulares que llegan al año. A estas hay que sumarles las que trasladan los propios ayuntamientos.
"Los menores que no se pueden atender lo están pasando mal", cuentan sobre las situaciones que se viven. En muchos de estos casos se propondrían medidas de desamparo para entregar al menor a una familia de acogida de forma temporal hasta que los servicios sociales trabajaran y educaran a sus familias para que pudieran hacerse cargo. Sin embargo, la administración no está siendo capaz de llegar a esto. "No podemos hacer ese proceso con estos recursos. Los técnicos nos dejamos el pellejo".
A algunos de los trabajadores que han estado en esta situación se han visto sobrepasados. Hay quien ha solicitado la baja por estrés o procesos depresivos. Otros, directamente, han cambiado de lugar de trabajo, "es insostenible", denuncian.
Aunque los recursos son necesarios a largo plazo, para poner al día lo atrasado exigen un plan de choque. Los cuatro psicólogos y cuatro trabajadores sociales de la RPT no serían suficientes para recuperar lo atrasado. "Había cuadros magníficos con experiencia y se han ido a otros departamentos porque no podían con la situación", apostillan sobre lo que viven. No obstante dejan claro que "si vemos que es algo irreversible vamos a protegerlo como una moto".
Los coordinadores muestran su rabia porque afirman que el servicio de protección funciona muy bien en cuanto a la detección de casos. "Se detectan, pero no hay personal para darle solución. Es como si se descubre la cura del cáncer pero no hay médicos para curarlos".
La situación, aunque ha terminado por desbordarse en Córdoba, también se da en otras provincias. Fuentes consultadas por este medio así lo confiesan. "La falta de recursos humanos impide que se haga un seguimiento, que los procedimientos de determinación idoneidad se retrasen y acumulen a menores de 6 años en centros sin que legalmente puedan hacerlo", cuentan.
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