La conocida como operación Limoneros, cuyos inicios se remontan a septiembre de 2019, terminaba hace poco más de una semana con la detención de 42 personas por supuestos delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, contrabando, pertenencia a organización criminal y falsificación de documento público.
Todo comenzó con el accidente de un helicóptero en Marruecos. Su piloto, de nacionalidad mexicana, que había estado alojado en Sevilla, despertó las sospechas de la Guardia Civil, que rápidamente inició una investigación. Los agentes descubrieron que el helicóptero pertenecía a una organización de narcotraficantes y, en noviembre de 2019, consiguieron interceptar un avioneta con 420 kilogramos de hachís. Fue solo el comienzo de una larga operación.
El uso de avionetas y helicópteros para transportar droga desde Marruecos al sur de España no ha sido un método tan habitual como el de las narcolanchas. Sin embargo, su historia se remonta ya al año 2000, cuando agentes de la Guardia Civil interceptaron un vuelo que transportaba hachís desde el norte de África hasta la Sierra de Cádiz. Este pudo ser el viaje inaugural de una nueva forma de sortear la vigilancia policial en el Estrecho de Gibraltar.
Desde entonces, para llevar a cabo con éxito estos narcovuelos, las organizaciones han desarrollado todo un sistema propio en el sur de la península: primero, compran aviones y helicópteros de segunda mano; luego, contratan mecánicos que se encarguen de adaptarlos a las necesidades del viaje (por ejemplo, desmontando los asientos para poder introducir más mercancía en su interior); y, finalmente, buscan a pilotos experimentados, capaces de hacer vuelos bajos y de poca visibilidad.
Muchos de estos pilotos son españoles (uno de ellos falleció el pasado mes de septiembre en un accidente aéreo en Marruecos), aunque las organizaciones han comenzado a contratar jóvenes tripulantes vinculados con el Cártel de Sinaloa, que están habituados a transportar cocaína desde México hasta Estados Unidos en las clásicas narcoavionetas Cessnas. Por viajes de unas seis horas de duración entre ida y vuelta, los pilotos reciben unos 50.000 euros.
Además, de contar con su propio equipo de pilotos y de mecánicos y con su propia flota de aeronaves, este tipo de organizaciones posee sus propias pistas clandestinas de despegue y aterrizaje e incluso sus propias escuelas de pilotos, donde se enseña a los nuevos miembros de la tripulación los requisitos específicos para llevar a cabo estos viajes.
El uso de aeronaves para traficar con droga fue implantado por el Cártel de Medellín en los años 80, con el objetivo de transportar cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos y México. Ahora, los narcovuelos son una práctica que podría extenderse cada vez más en Huelva, Cádiz y Sevilla.
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