La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), sindicato mayoritario en la Benemérita ha denunciado que las dependencias oficiales del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, en el puerto de Algeciras, “se han convertido en un auténtico vertedero donde se acumulan centenares de motores y embarcaciones arrumbadas unas sobre otras, las cuales mantienen en su interior diversos combustibles, líquidos inflamables y agua corrompida que, además de ser un peligro real de incendio para el puerto, supone un deterioro grave medioambiental para la ciudad, por no hablar de la proliferación de roedores e insectos”.
AUGC, como organización profesional de guardias civiles integrada en la “Plataforma por tu Seguridad por la de Todos”, que aglutina a diversos colectivos sociales con este fin, viene reivindicando desde hace cuatro años, la creación de la Zona de Especial de Seguridad (ZES) en la provincia de Cádiz. “Sin embargo, el Gobierno, pese a sus pronunciamientos públicos favorables al respecto, hasta la fecha no ha cumplido su compromiso de hacerlo”, afirma un portavoz en Cádiz del sindicato de la Guardia Civil.
El Plan Integral para la implantación de la ZES elaborado por esta Plataforma incluye, entre otras cuestiones de importancia, “la necesidad de que las diferentes actuaciones policiales sean apoyadas con las correspondientes medidas logísticas, como es que las Administraciones competentes asuman la recogida de embarcaciones que han sido utilizadas para los diferentes ilícitos y que quedan abandonadas en el litoral, para preservación del mismo y del Parque Natural del Estrecho; su posterior depósito en habilitación adecuada, y finalmente, su destrucción para evitar la reutilización ilegal”.
AUGC ha denunciado repetidamente que los integrantes del Servicio Marítimo padecen estas insanas circunstancias de forma directa, pese a que estos no son riesgos laborales intrínsecos a su profesión.
“Pero si ya la situación es preocupante, se está volviendo aún más lamentable, ya que, como la arribada de embarcaciones a estas dependencias utilizadas para el narcotráfico, contrabando e inmigración irregular es continua, la acumulación es tal que, físicamente llegan a impedir, por falta de espacio, el propio atraque de las patrulleras de la Guardia Civil”.
Según un portavoz de la AUGC, “la solución que adopta la Guardia Civil para subsanar esta circunstancia es contratar puntualmente un servicio externo de grúa para sacar del agua las decenas de embarcaciones y depositarlas de cualquiera manera, amontonadas en tierra”.
Pero como no se contrata personal especializado para ello, son los propios guardias civiles del Servicio Marítimo a los que se les ordena realizar todas las maniobras de anclaje en el agua de las citadas embarcaciones con bridas o eslingas, subirlas a una considerable altura para depositarlas, desembridar las sujeciones y finalmente, depositarlas. “Debiendo tener que moverse los guardias civiles entre los montones de barcas, las cuales carecen de estabilidad y que, por tanto, podrían derrumbarse sobre este personal”.
“Si queda claro que esta no es una tarea que deben realizar los guardias civiles, es más preocupante aún, puesto que mientras las mismas se ejecutan, impide a las tripulaciones de este Servicio Marítimo cumplir sus propias funciones policiales”.
Riesgos laborales
Estas maniobras se realizaron por última vez los últimos días de agosto llegándose a extraer del agua diecisiete embarcaciones, “debiendo recordar que en esos días se estaban produciendo la llegada de incontables embarcaciones con inmigrantes a las costas de la comarca ante las que, como también ha denunciado AUGC, la Guardia Civil se hallaba desbordada como para, además, como se denuncia, se detraigan más efectivos en labores que no corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
AUGC va a poner en conocimiento de los organismos competentes, la situación de riesgos laborales que padecen los afectados, “pero es necesario señalar también que todo lo anterior, además, se puede estar convirtiendo en un fraude para el contribuyente, el cual, paga sus impuestos con la percepción que la policía se dedica a garantizar su seguridad y que, desde luego, no está empleada en otras actividades ajenas a su función”.
Esta circunstancia, según la AUGC, “provoca un sobresfuerzo a las ya mermadas plantillas de la Guardia Civil en la provincia y en este caso, en el Campo de Gibraltar, puesto que como los catálogos de puestos de trabajo no se completan ni se aplican incentivos profesionales de ningún tipo, existe un goteo continuo de guardias civiles que abandonan la zona hacia otros destinos menos ingratos”.
“En definitiva, como se lleva reiterando incontables veces, el actual Gobierno debe asumir sus responsabilidades y sin más dilaciones acometer la implantación de la ZES en la provincia de Cádiz, como tantas veces ha prometido y, hasta la fecha, incumplido”.