Multa millonaria del Gobierno a Alquiler Seguro: la inmobiliaria actuaba de forma abusiva con los inquilinos

Entre las conductas sancionadas se encuentra la imposición a los arrendatarios de costes que corresponden al propietario, como servicios de atención al inquilino

Un local de Alquiler Seguro.
08 de abril de 2026 a las 10:25h

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado de manera definitiva una multa de 3,6 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra sus inquilinos. La decisión se produce tras desestimar el recurso presentado por la compañía y agotarse la vía administrativa, convirtiendo la sanción en firme.

La resolución, firmada por el ministro Pablo Bustinduy, ratifica la multa anunciada en diciembre de 2025 y respalda las conclusiones del expediente sancionador abierto por la Dirección General de Consumo. Según el ministerio, la inmobiliaria incurrió en seis infracciones muy graves y una grave, vulnerando los derechos de los consumidores y aprovechando su posición de predominio en el mercado.

Entre las conductas sancionadas se encuentra la imposición a los arrendatarios de costes que corresponden al propietario, como servicios de atención al inquilino, la contratación obligatoria de seguros del hogar o el cobro de cargos por reclamaciones que no eran responsabilidad del inquilino. También se penalizó la inclusión de cláusulas que permitían inscribir a los arrendatarios en ficheros de morosos sin deudas exigibles y la limitación del derecho de desistimiento en ciertos contratos.

Las sanciones

La sanción económica se divide en varias multas: una de un millón de euros, otra de 990.900 euros, tres de 500.000 euros, una de 100.001 euros y una última de 10.001 euros. Además, la resolución obliga a la compañía a eliminar las cláusulas consideradas abusivas, corregir los incumplimientos detectados y hacer pública tanto la sanción como la identidad de la empresa responsable.

El expediente comenzó en marzo de 2025 tras denuncias de organizaciones como Facua, el Sindicato de Inquilinas y la OCU. La investigación se suma a otro procedimiento en curso por hechos similares. En diciembre, Consumo ya había anunciado la sanción por trasladar a los inquilinos gastos prohibidos por la Ley de Vivienda, medida que la empresa recurrió y que ahora ha sido rechazada, cerrando la vía administrativa.

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Emilio Cabrera

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