Moguer desmantela 75 hectáreas de monte público que ardieron en Doñana para un centro de drones

La legislación, que quieren esquivar Junta y Ayuntamiento, prohíbe toda actividad incompatible con la regeneración forestal durante un máximo de 30 años. Esta zona de especial protección atesora un complejo de dunas móviles y fósiles, y un singular acantilado

Cancela en Mazagón, en la zona donde se pretende alzar el centro de drones.
Cancela en Mazagón, en la zona donde se pretende alzar el centro de drones.

Parte de la biodiversidad que se libró del incendio de Moguer hace tres años en el entorno del Parque Natural de Doñana en la provincia de Huelva está a punto de ser desmantelada, y no por una catástrofe como la que mantuvo en vilo a Andalucía con motivo de la lucha contra las llamas, en este caso es a iniciativa del Ayuntamiento de Moguer en el área comprendida entre el arroyo del Arenoso o Arenosillo y el arroyo de la Torre del Loro. Las autoridades municipales han adjudicado el desmantelamiento de hasta 75 hectáreas catalogadas como Monte Público a la empresa Maderas Hinojos para su aprovechamiento como biomasa o para la venta de madera en el paraje del 'Sitio de la Atalaya'.

Con ello pretenden facilitar la legalización e instalación de un Centro de Vuelos no Tripulados (CEUS). La operación se presenta como labores de limpieza en este enclave y supondrá un aporte para las arcas públicas municipales de 94.950 euros; encubre según los agentes sociales el objetivo de sacar del Catálogo de Montes Públicos este enclave del Espacio Natural de Doñana, y eludir la protección que tiene en la actualidad.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía marcó la senda de este proyecto el pasado 3 de febrero al dar luz verde a la prevalencia del uso científico-tecnológico sobre el forestal en esta superficie de titularidad pública, de la propia Junta y del Estado, "condicionada al estricto cumplimiento de las compensaciones de uso y condiciones de ordenación establecidas por el Espacio Natural de Doñana".

Lo hace a instancias del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), del Ministerio de Defensa, que reclama el 18 de marzo de 2019 a la Delegación de la territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible dicha declaración de prevalencia de unos usos sobre otros para regularizar estas instalaciones sobre una superficie de 74,93 hectáreas de las que 69,92 son de titularidad de la Junta y 5,01 de Dominio Público Marítimo Terrestre del Estado, incluyendo medidas compensatorias para el Espacio Natural de Doñana, y afectando a los cotos de Mazagón y Flores de los municipios de Moguer y Lucena del Puerto respectivamente.

La creación del CEUS tiene sin embargo un impedimento en clave medioambiental que tanto el Ayuntamiento de Moguer como la Junta de Andalucía se han propuesto 'solventar': los terrenos siguen en estos momentos catalogados como Monte Público forestal. Esto es incompatible a priori con un mayor aprovechamiento de la zona acotada donde pretenden ubicar pistas y nuevos edificios e infraestructuras auxiliares para los nuevos usos. Por ello el 20 de noviembre de 2018 el INTA solicita en una primera instancia a la Junta que se excluya una superficie de 74,20 hectáreas del Catálogo de Montes Públicos de Andalucía.

Para la regularización por esta vía de la situación administrativa de los terrenos donde se ubica el Centro de Experimentación del Arenosillo (CEDEA), el INTA argumenta que sus instalaciones han permitido "el desarrollo socioeconómico de Moguer y su entorno, la creación de puestos de trabajo (...) y la contribución al desarrollo hostelero del próximo Mazagón con plazas de alojamiento y manutención del personal de las empresas colaboradoras en épocas no coincidentes con el turismo estival". Argumentan igualmente "la ausencia de otras alternativas técnicamente asumibles" y la necesidad "de disponer de un espacio aéreo segregado así como de unas infraestructurasseparadas de núcleos de población con una superficie de al menos 74 hectáreas".

La Junta apunta a la "cubierta forestal", el Ayuntamiento actúa

La Ley 8/2007 de Suelo establece que los terrenos forestales incenciados se mantendrán en la situación de uso forestal al menos durante 30 años. Prohíbe "toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal". Aunque deja abierta la vía a las comunidades autónomas para acordar excepciones si con anterioridad al incendio forestal el cambio estuviera previsto. El Ayuntamiento de Moguer y la Junta de Andalucía trabajan mano a mano en estos momentos para salvar el escollo medioambiental y el bloqueo legislativo.

Los primeros pasos los ha dado el consistorio de Moguer al encargar una singular limpieza del paraje -inserto en el Catálogo Andaluz de Parques Naturales conforme a la Ley 2/1989- que indigna a los agentes sociales y ecologistas. "Para que la Junta pueda modificar la calificación de Monte Público forestal es obligatorio que no haya masa forestal", explica Manuel Rodríguez, presidente de la asociación Asedeca, que pugna por la reapertura de caminos públicos que se encuentran usurpados e inaccesibles para la ciudadanía. "Y magia, le encargan a una empresa la limpieza de la zona, que no consiste en otra cosa más que en limpiarla de arbustos, algunos declarados especies protegidas, y en talar los pinares, y muerto el perro se acabó la rabia", detalla el portavoz de esta asociación caminera.

Superficie afectada por el proyecto.

Estas labores de limpieza y el aprovechamiento como biomasa cuentan con una Autorización Ambiental Unificada de la Junta de Andalucía, una Declaración de Impacto Ambiental que rige hasta el próximo 9 de octubre. De ahí las prisas de la administración en ejecutar las tareas. Con los terrenos libres del sujeto protegido por la calificación como Monte Público, tras el 'desmonte' o 'limpieza' de pinares, arbustos y biodiversidad, el siguiente paso es la recalificación. Solicitar a la Delegación provincial de Desarrollo Sostenible, en manos de Álvaro Burgos, que descatalogue definitivamente estos terrenos. El paraje afectado atesora un complejo de dunas móviles y fósiles y un singular acantilado.

El propio titular de la delegación de Desarrollo Sostenible de la Junta en Huelva, Álvaro Burgos, indicó los pasos a seguir al consistorio de Moguer para la recalificación. El alto cargo de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible remitió un escrito -avanzado por Huelva Información- donde recuerda al Ayuntamiento de Moguer que el artículo 48 del Reglamento Forestal de Andalucía establece que no podrá tramitarse la exclusión del Catálogo de Montes de Andalucía hasta que la zona haya perdido legal y fehacientemente su condición de monte o terreno forestal, por lo que es necesario que se elimine la cubierta forestal de la superficie para tramitar esa desafección. Dicho y hecho. En esta fase se encuentran en el entorno del Parque Natural de Doñana, un paraje singular a nivel internacional que las administraciones municipales y autonómicas han estimado adecuado para ubicar estas instalaciones, sacrificando la biodiversidad de su flora y fauna.

En el mismo entorno los colectivos ecologistas y camineros vienen denunciando la usurpación de la vía pecuaria Vereda del Loro en el tramo que da acceso a la Playa de la Torre del Loro, con un vestigio del antiguo torreón declarado Bien de Interés Turístico de Andalucía. Los agentes sociales constataron igualmente la usurpación por parte del camping de Doñana de terrenos de dominio público. El camping promociona en sus redes sociales este paraje.

Un proyecto prioritario para el Gobierno andaluz

El proyecto de Centro de Vuelos no Tripulados de Moguer prevé ocupar parte de los terrenos entre los Coto Mazagón y Coto Flores del Centro de Experimentación de El Arenosillo (CEDEA) del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), que sufrió igualmente los efectos del incendio declarado en La Peñuela de Moguer en 2017 que calcinó miles de hectáreas en un espacio singular en el entorno de Doñana.

El proyecto CEUS es una prioridad para el Gobierno Andaluz, que facilita administrativa y ambientalmente su avance. La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de Rogelio Velasco (Cs), ha reservado 500.000 euros de los Presupuestos de 2020 para propiciar su desarrollo, y en febrero mantuvo encuentros con el Secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, para impulsar su tramitación. Otras fuerzas políticas como PSOE y Vox reclaman en la Cámara autonómica asimismo que se agilicen las inversiones para asegurar el comienzo de las obras.

Desde los años sesenta, previo a la avanzada legislación actual de protección del entorno del Parque Natural de Doñana y las zonas aledañas, el Ministerio de Defensa lleva a cabo sondeos y pruebas de evaluación de aeronaves y sistemas de armas, así como lanzamiento de cohetes y misiles, en un lugar que consideran estratégico para estas maniobras por su posición geográfica y por el número de días de cielos despejados al año. Estas instalaciones proceden de una autorización de ocupación de monte público otorgada con fecha 8 de julio de 1969. En última instancia, el CEDEA alude a la Ley de Montes que declara de forma genérica la prevalencia del interés de la defensa nacional frente al dominio público forestal para obtener la regularización de estos terrenos y dar luz verde al proyecto del CEUS y a la ampliación de dotación en sus instalaciones.

El incendio de Moguer, que sobrecogió a Andalucía y forzó el desalojo de centenares de personas en el entorno de Doñana, sirve en este contexto, y solo tres años después de extinguirse las llamas, como oportunidad para el cambio de calificación y usos de partes de estos enclaves afectados.

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