El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, preside este martes la firma de un acuerdo con los sindicatos CSIF, UGT y CCOO para mejorar el empleo público y la prestación de servicios en la comunidad, en desarrollo de la Ley de Función Pública de Andalucía. El acuerdo afecta a cerca de 80.000 trabajadores del sector público, incluidos personal funcionario, laboral, de justicia y del sector público instrumental.
La ceremonia de firma tendrá lugar en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la Presidencia de la Junta, según la convocatoria oficial. El acuerdo fue aprobado previamente en la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral, y entró en vigor el pasado 3 de diciembre tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 2 de diciembre.
El consejero de Justicia, Función Local y Administración Local, José Antonio Nieto, ha destacado la relevancia del acuerdo, que considera un avance significativo para el sector público. El primer paso legal del pacto fue rubricado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública junto a los sindicatos CSIF, CCOO-A, UGT-A, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) y la Iniciativa Sindical Andaluza (ISA), beneficiando a casi 70.000 empleados públicos y a cerca de 10.000 funcionarios de Justicia.
El Gobierno andaluz ha informado de que el acuerdo tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025 y se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2030. Su impacto económico ascenderá a 250 millones de euros en cinco años, distribuidos en 50 millones por ejercicio. Entre las principales medidas destaca la creación de la carrera profesional, que se aplicará de manera similar a la existente en el ámbito sanitario y se solicitará por los propios empleados.
La carrera profesional y el desempeño
La Junta ha señalado que la carrera profesional y la evaluación del desempeño constituirán instrumentos objetivos y transparentes para reconocer mérito, dedicación y excelencia. Estas medidas, junto con la equiparación retributiva del personal funcionario de carrera, deberán ser ratificadas por el Consejo de Gobierno y servirán de base para futuros decretos que regulen estos conceptos.
El acuerdo también moderniza el sistema retributivo al sustituir progresivamente el complemento específico por un nuevo complemento de puesto, más claro y vinculado a la responsabilidad, dedicación y dificultad técnica, eliminando desigualdades históricas y reforzando la coherencia interna del modelo. Asimismo, prevé la implantación del VII Convenio Colectivo para actualizar el marco del personal laboral, reducir la temporalidad estructural por debajo del 8 % y establecer mecanismos de control para evitar abusos en los contratos temporales.
Entre las iniciativas contempladas se incluye la reorganización de los recursos técnicos y sanitarios de prevención de riesgos laborales, así como la creación de unidades administrativas compartidas para proyectos estratégicos o necesidades temporales. La Junta ha resaltado que el acuerdo impulsa la motivación, la carrera profesional y la estabilidad de los empleados públicos, contribuyendo a mejorar la atención a la ciudadanía y reducir la brecha digital.