Al menos 60 personas desalojadas del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona) han pasado la Nochebuena bajo el puente de la carretera C-31, en una situación de desamparo que preocupa a los colectivos sociales, pese a que parte del grupo ya ha sido reubicado por la Generalitat. La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, indicó que otras 120 personas vulnerables habían sido trasladadas a equipamientos temporales para evitar que durmieran al raso, en un operativo coordinado con Cruz Roja y Cáritas.
Sin embargo, medio centenar de afectados permanecían bajo el puente, en tiendas de campaña, expuestos a las bajas temperaturas de diciembre. Vecinos y asociaciones locales les han proporcionado alimentos, agua y mantas, en un gesto de solidaridad frente a la falta de recursos institucionales para cubrir sus necesidades inmediatas.
El origen de esta situación se remonta al macrodesalojo ejecutado por orden judicial hace una semana, promovido por el consistorio de Xavier García Albiol. Desde el inicio, el alcalde dejó claro que no movilizaría recursos para garantizar un alojamiento alternativo para la mayoría de las personas afectadas, muchas de ellas inmigrantes en situación de vulnerabilidad.
Vicky Columba, del Movimiento de Regularización Ya, criticó que la intervención muestra una “deshumanización” hacia las personas negras y advirtió que a quienes fueron trasladados por Cruz Roja solo se les ha garantizado un techo durante una semana, dejando en incertidumbre su situación posterior.
Albiol defiende la actuación de desalojo
Por su parte, fuentes de la consellería señalaron que, tras la operación inicial de emergencia, continúan trabajando de manera más discreta, realizando derivaciones puntuales a los servicios disponibles para los habitantes del B9 que fueron identificados como vulnerables. Mientras, Carles Sagues, portavoz de la Plataforma Sant Roc Som Badalona, lamentó que esta mañana no se haya atendido a las personas que permanecen bajo el puente y que las entidades vecinales han tenido que buscar plazas en centros de Tarragona, Lleida o Girona sin éxito.
En este contexto, el alcalde Albiol ha afirmado que el conflicto social está “resuelto o casi resuelto”, destacando la colaboración institucional recibida, mientras que la oposición le responsabiliza de haber provocado la crisis. La situación de los desalojados bajo la C-31 sigue siendo crítica y plantea dudas sobre la capacidad de las autoridades para ofrecer soluciones sostenibles a corto plazo.