CSIF ha rechazado de plano que las empleadas y los empleados públicos dependientes de la Junta de Andalucía vuelvan a quedarse un año más sin ayudas de Acción Social debido a la falta de consignación presupuestaria para las mismas en 2023, salvo en el caso de las destinadas a personas con discapacidad. Esto, que afecta a los cerca de 40.000 trabajadores de la Junta, incluyendo Educación, Sanidad y Administración de Justicia, que hay en la provincia de Cádiz, pone de relieve “la falta de voluntad de la Junta de Andalucía para retomarlas” después de que dejaran de concederse hace más de una década, concretamente en 2011.
Según el presidente de CSIF Cádiz, “la Junta se escuda en limitaciones de carácter legal que afectan a aquellas comunidades que incumplen el déficit de gasto, entre las que no se encuentra Andalucía, pero en el fondo, esta dilación responde a su falta de voluntad política por retomar estas ayudas y, por lo tanto, su falta de prioridad presupuestaria para dar cobertura a estas prestaciones que, entre otra cuestiones, posibilitan una mejor conciliación familiar y laboral, apoyo en el cuidado de hijos e hijas y ascendientes a cargo, o ayudas a víctimas de violencia de género o de carácter sociosanitario, entre otras”.
Desde CSIF indican que “tanto durante las negociaciones llevadas a cabo en Mesa General, como en las reuniones o conversaciones mantenidas a lo largo del pasado año con distintos responsables de la administración, ésta ha mareado la perdiz con el objetivo de que no diera tiempo poner en marcha de nuevo las ayudas de Acción Social en 2023, como finalmente ha ocurrido”.
El resultado es, según el referido sindicato, que "el Gobierno de la Junta sigue incumpliendo el acuerdo de Mesa General de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz, en el que se recogía la recuperación de las ayudas de Acción Social, y que un año más los empleados y empleadas públicas que dependen de la Administración autonómica se ven privados de la posibilidad de optar a estas ayudas, a las que en el último ejercicio en el que fueron concedidas se destinaron en torno a 35 millones de euros".
Un auténtico paripé de la administración
El dirigente sindical considera que "la administración ha estado haciendo el paripé para conseguir el que era su objetivo, lo que vuelve a dejar a sus empleados públicos sin ayudas de acción social después de más de diez años sin ellas”. Desde CSIF argumentan que otras comunidades autónomas sí han recuperado ya dichas ayudas, que fueron limitadas en su momento por el Real Decreto de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
“Desde CSIF seguiremos trabajando y reivindicando la puesta en marcha de nuevo de estas ayudas, que son esenciales para los empleados y empleadas públicas de la comunidad andaluza y que adquieren aún más relevancia en un periodo de problemas económicos para las familias como el que vivimos”, ha concluido el presidente provincial de CSIF Cádiz.
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