Manuel, un agricultor sanluqueño de 63 años al que pillaron con 20 plantas de marihuana, no irá a prisión

Instituciones Penitenciarias, gracias a la Instrucción que tiene vigente, ha dado la razón al abogado de este vecino de Sanlúcar, que solicitaba un tercer grado directo que el CIS de Jerez le denegaba. “Es el primer recluso de este centro al que conceden esta modalidad de cumplimiento sin pisar prisión", sostiene el letrado

Manuel, un agricultor sanluqueño de 63 años al que pillaron con 20 plantas de marihuana, no irá a prisión. Imagen de archivo del patio del Centro de Inserción Social de Jerez.
Manuel, un agricultor sanluqueño de 63 años al que pillaron con 20 plantas de marihuana, no irá a prisión. Imagen de archivo del patio del Centro de Inserción Social de Jerez. JUAN CARLOS TORO

Entre el verano de 2018, cuando se activó en el Campo de Gibraltar el denominado plan Marlaska, y mayo de 2020 se han detenido en esa comarca de la provincia de Cádiz a 1.806 personas por delitos relacionados con el narcotráfico y se han incautado 268,2 toneladas de droga, según datos aportados por el Ministerio del Interior. Para recobrar el principio de autoridad en una zona que iba camino de Sinaloa, el Gobierno aportó más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero no ha habido hasta ahora acciones tendentes a atajar males estructurales que alimentan esta lacra: la baja formación y el desempleo crónico.

En paralelo a las grandes cifras del narco en Cádiz hay gente como Manuel R. S., un peón agrícola de 63 años, vecino de Sanlúcar de Barrameda, que fue pillado por la Policía transportando 20 plantas de marihuana —por poner un ejemplo, esta semana se han aprehendido 7.000 plantas en un macrohuerto de marihuana descubierto por la Guardia Civil en Conil de la Frontera—. Lo suyo fue casual, le ofrecieron esta posibilidad y se lo pensó, al borde de su jubilación, como un posible sobresueldo al arduo trabajo en el campo.

Detenido, puesto a disposición judicial, la petición del Ministerio Fiscal era de cuatro años de prisión y 480.000 euros de multa. Sin embargo, cuenta su abogado que “Manuel me comunicó que estaba arrepentido de lo realizado y que estaba dispuesto a cumplir con la pena que se le impusiera”. Puesto en contacto su letrado con la representante del Ministerio Publico, llegaron a conformidad en la sentencia para que finalmente se ajustase a tres años de prisión y una multa de 260.000 euros (o un mes más de privación de libertad en caso de impago de la misma).

"Se arrepintió y ha asumido su condena”, defiende su letrado

En el acto del juicio oral, el abogado comunicó al juez la intención de su cliente de acogerse al protocolo de acceso directo a la clasificación de tercer grado, por cuanto se entendía que cumplía con todos los requisitos que la Instrucción 6/2020 que emitió la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias: presentación voluntaria; primariedad delictiva; condena no superior a 5 años; satisfacción de la responsabilidad civil; antigüedad del delito superior a tres años y correcta adaptación  social desde su comisión hasta el ingreso en prisión; actividad laboral en el momento de la presentación o existencia de un proyecto vital acorde con las circunstancias personales que  le permita subvenir a sus necesidades; y red de apoyo familiar y social bien integrada.

En cambio, el Centro de Inserción Social (CIS) de Jerez de la Frontera, Alfredo Suar Muro, denegó esta opción, pese a ser una Instrucción de general aplicación. La respuesta al abogado, según ha mantenido el mismo en la queja dirigida a Instituciones Penitenciarias —que le ha dado la razón—, fue que en Jerez no había posibilidad de tal medida que el condenado sería trasladado a algunas de las prisiones del Puerto.

Cumple todos los requisitos en estos casos que exige Instituciones Penitenciarias

“¿Es realmente en este caso esta circunstancia necesaria? La Justicia debe ser proporcional y ponderada; si no, no es Justicia”, cuestiona el letrado, que hila la cuestión con la situación de saturación que viven gran parte de los centros penitenciarios españoles, a menudo poblados de “robagallinas”. “Se trata de un señor de 63 años que cometió un error, que ha sido capaz de admitirlo y de asumirlo. Creo que tiene derecho, al menos, a que un profesional del CIS, con objetividad, estudie su situación y circunstancias y si cumple, como creo que lo hace, pueda acceder directamente al tercer grado penitenciario, que no es un beneficio penitenciario, sino una modalidad más de cumplimiento. Que el tercer grado no es ningún tipo de acto en favor de ninguna modalidad delictiva y mantener otra cosa significa vulnerar los mínimos principios que rigen nuestro Estado de Derecho y que se encuentran recogidos en la Constitución Española”.

Instituciones Penitenciarias ha dado la razón al abogado, con bufete en Madrid, y Manuel no irá a la cárcel. Llevará pulsera telemática e irá a dormir al CIS para cumplir su pena por un delito contra la salud pública, a raíz de cultivar 20 plantas de marihuana en una provincia atestada de macroplantaciones indoor y con un entramado dedicado al narcotráfico que no deja de tejer nuevas y cada vez más poderosas redes.

Sobre el autor:

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Paco Sánchez Múgica

Periodista, licenciado en Comunicación por la Universidad de Sevilla, experto en Urbanismo en el Instituto de Práctica Empresarial (IPE). Desde 2014 soy socio fundador y director de lavozdelsur.es. Antes en Grupo Joly. Soy miembro de número de la Cátedra de Flamencología; hice la dramaturgia del espectáculo 'Soníos negros', de la Cía. María del Mar Moreno; colaboro en Guía Repsol; y coordino la comunicación de la Asociación de Festivales Flamencos. Socio de la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) y de la Federación Española de Periodistas (FAPE).

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Comentarios (1)

Pepe Hace 2 meses
!! Justicia Cumplir Mandatos y Sentencias ¡¡
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