Las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación ANPE, CCOO, CSIF, FeSP-UGT y Ustea han exigido "la negociación real" de medidas "efectivas que eviten que los centros educativos sean espacios de transmisión comunitaria del virus".
Ante las medidas planteadas por la Consejería de Educación para el inicio del nuevo curso escolar, todas las organizaciones integrantes de la Mesa Sectorial de Educación han elaborado un comunicado conjunto en el que exigen a la Consejería de Educación una negociación que "permita que se apliquen en los centros educativos las medidas que determinan las autoridades sanitarias frente a la actual pandemia".
Según denuncian las organizaciones sindicales representativas del profesorado de la educación pública andaluza, "la Consejería de Educación ha demostrado un escaso talante negociador, adoptando decisiones de forma unilateral y demostrando irresponsabilidad al no dotar de los recursos materiales y de personal necesarios para iniciar la actividad lectiva con seguridad sanitaria".
Todas las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial coinciden en denunciar que "la ratio actual de las aulas andaluzas imposibilita el cumplimiento e implementación de medidas de seguridad reales y efectivas", un hecho que "se ve incrementado, incluso, por la supresión de muchas unidades escolares públicas para el próximo curso escolar".
Para estas organizaciones sindicales representativas del profesorado, la Consejería de Educación "está haciendo recaer" en el profesorado y, más especialmente, en los equipos directivos, "la responsabilidad en el diseño y gestión de las medidas contra la Covid-19 en los centros educativos, sin contar con los medios, materiales y humanos, ni con la formación e información necesarias y que compete a los responsables sanitarios".
Por ello, estas organizaciones sindicales han exigido que "se genere un marco negociador real", señalando que, "de no producirse, promoverán movilizaciones en contra de la aplicación de unas medidas irresponsables que pueden dañar la salud pública en Andalucía".
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