El profesorado de la Universidad de Granada (UGR) podrá requerir la activación de la cámara y el micrófono de los equipos o dispositivos que usen los alumnos que sean evaluados en exámenes no presenciales, en el marco del plan de contingencia para la adaptación de la docencia y la evaluación puesto en marcha por la pandemia de covid-19. Los colectivos estudiantiles llevan semanas denunciando que se quiere implantar en todas las universidades andaluzas, algo que no consideran legal. Este lunes ya lo ha anunciado oficalmente la Universidad de Granada.
Así consta en el apartado relativo a las pruebas de evaluación no presenciales distintas a la oral de una resolución, firmada este lunes por la rectora de la UGR, Pilar Aranda, destinada a garantizar el respeto a la ética e integridad académica aplicable en el ámbito universitario.
En este apartado de la resolución, consultada por Europa Press, se especifica que la videoconferencia "no implica una vulneración de la intimidad personal o intromisión domiciliaria alguna, en el bien entendido juicio de proporcionalidad que garantice tales derechos frente a las necesidades del interés público de la verificación del aprendizaje del estudiantado".
En todo caso, según prosigue, el profesorado debe informar al estudiantado de que, "a los efectos de evitar la captación de imágenes relativas a su vida privada, organice el desarrollo de la prueba de forma que no interfiera en su ámbito exclusivamente doméstico".
Según ha informado la UGR, la resolución trata de garantizar especialmente "los principios de mérito individual, autenticidad y originalidad de las pruebas" y "la promoción de un uso responsable y adecuado de las herramientas de evaluación no presencial", evitando en lo posible "las conductas fraudulentas que, en su caso, tendrán las consecuencias académicas y disciplinarias previstas en la normativa vigente".
Detalla que no se admite el uso de herramientas informáticas de proctoring -las cuales pueden incluso visualizar la pantalla del ordenador- "que lesionen el derecho a la intimidad del interesado o la intromisión domiciliaria".
En particular, no se permite el uso de técnicas biométricas de reconocimiento facial, que requieren de una formación específica del profesorado y estudiantado, además de disponer de los medios tecnológicos más proporcionales a la finalidad pretendida.
Sin embargo, muchos estudiantes, entre ellos los representantes votados, se han mostrado en contra de esta medida, toda vez que consideran que realizar los exámenes por videfonferencia con cámara y micro encendidos durante todo momento es una vulneración de sus derechos. Además, apuntan a que no todos los estudiantes cuentan con sistemas para mantener una comunicación fluida. Cualquier corte de internet puede suponer la anulación de la prueba, así como contar con ruidos en el entorno que dificulten el entendimiento o hagan pensar a los docentes que se está copiando de alguna forma
"No es miedo a que nos vigilen. No es que queramos copiarnos. No es que queramos aprobar sin estudiar. Lo que queremos es igualdad, luchamos juntos por todos aquellos que no tienen los medios suficientes, por el derecho a la intimidad", explica en redes sociales uno de los estudiantes
Además, añaden que ya llegaron a un acuerdo desde el Consejo de Estudiantes con la Universidad de Granada para rediseñar las pruebas académicas, sin necesidad del uso del procetring ni sistemas similares. De hecho, indican que la activación de cámara y micrófono no es más que un sistema de vigilancia muy parecido e injusto. "Deja ya de marear y mandar mensajes contradictorios, y sobretodo escucha a los representantes estudiantiles que se están dejando la piel velando por una evaluación justa mientras la UGR se ríe en su cara y en la de todos los estudiantes".
El procotoring que ha dejado de utilizar la Universidad de Granada sería, en todo caso, el de la instalación de un programa que permite a los docentes ver en cada momento qué pantallas están abiertas en el ordenador de cada estudiante, y que genera alarmas por ruidos, movimientos del equipo utilizado, etc. En el centro del debate está si los alumnos con menos recursos telemáticos, peor conexión a internet o sin espacios en su domicilio en los que puedan aislarse durante el tiempo que dure la prueba tienen menos derecho a aprobar que el resto, toda vez que cualquier sospecha de estar copiando puede ser interpretada como motivo de suspenso.
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