María empezaba las vacaciones al día siguiente, pero ese mediodía, justo antes de terminar su jornada laboral, la citaron en el despacho del hotel donde trabajaba desde 2007. Ese fue su último día en la empresa. En ese mismo despacho le comunicaron su despido, cinco días antes de decretarse el estado de alarma. “Entré en shock, me sentí acorralada. Era una injusticia”, cuenta. “Me dijeron que soltara las llaves de la taquilla, el uniforme y todo lo que tuviera de la empresa. Mi gobernanta me sacó de la habitación como si fuera una delincuente”, recuerda María. “Fue una cosa inhumana. Y nos dan cursos de empatía…”.
María es una de las camareras de piso de Andalucía. O las kellys —las que limpian—, como se las conoce desde hace unos años. Ella y otras cinco compañeras fueron despedidas de un hotel de Málaga y ahora reclaman en los juzgados su reincorporación a su puesto de trabajo. Pero no será fácil. No lo sería en condiciones normales, mucho menos en mitad de la pandemia, que ha dejado en el olvido la gran promesa de PSOE y Unidas Podemos, partidos que forman el Gobierno de coalición, con este colectivo: la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para prohibir la subcontratación de actividades básicas en un negocio.
Muchas kellys, de Andalucía y del resto del país, están contratadas por empresas externas, con contratos por obras y servicios que no les reconocen la antigüedad y que les escamotean derechos laborales. Carmen López Moreno, miembro de Kelly Unión Almería, una organización pendiente de formalizar su inscripción, lleva 23 años como camarera de piso. En su empresa es fija discontinua, la llaman para cubrir los meses de mayor actividad. “En mi empresa han dejado fuera del ERTE a todos los fijos discontinuos, exceptuando a los que les gustan, y los demás han sido incluidos”, cuenta a lavozdelsur.es. Ahora, dice, están “luchando por conseguir el certificado de inactividad de la empresa para que el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) tramite las prestaciones”.
Las Kellys Federadas, una organización nacida de la unión de asociaciones de Kellys Unión, “para solidificar más aún la lucha por los derechos del colectivo de camareras de pisos a nivel nacional”, lucha para que, cuando vuelvan al trabajo, lo hagan con medidas que protejan su salud. “Pedimos medidas de protección para hacer nuestro trabajo, teniendo en cuenta que seremos las encargadas del arreglo y desinfección del hotel, así como también las más expuestas a contagio”, reseñan en un comunicado. Para cuando puedan regresar, piden “el tiempo necesario para poder realizar nuestro trabajo en condiciones óptimas de seguridad para poder tener todas y cada una de las garantías de desinfección y limpieza”.
Aunque esas preocupaciones están eclipsadas por las del presente. “Hay varios miedos, el de la interpretación que puede hacer cada empresa de la Ley, que nos puede dejar sin trabajo; y el de reincorporarse, con el riesgo de infección que conlleva”, expone Carmen López. La federación nacional, presidida por Eulalia Corralero, impulsora del movimiento, también pide la necesaria “formación y ampliación de los cursos de salud y seguridad; que se habiliten las habitaciones para una mejor limpieza” y, sobre todo, una cosa: “Que se nos tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre el trabajo que nosotras mejor que nadie conocemos”.
A Ana deberían haberla llamado para empezar a trabajar el pasado 1 de marzo. Su empresa no lo hizo, anticipando la bajada de la actividad. Es fija discontinua, y tiene que trabajar como mínimo seis meses cada año, pero el anterior, la compañía ya incumplió: solo estuvo cuatro meses. Y denunció. Eso le supone perder el derecho a ayuda. Desde febrero no percibe ingresos. Y tampoco está incluida en el ERTE de la empresa de apartahoteles donde trabaja desde 2011. Hasta 2017 fue trabajadora temporal. “Menos mal que mi marido trabaja”, expone. Pero ella no, y no prevé que pueda hacerlo durante una temporada.
María, Carmen y Ana forman parte de un colectivo que ya de por sí estaba precarizado. El coronavirus ha venido a darle la puntilla. “En esta crisis vamos a ser más avasalladas", expone la vicepresidenta de la asociación Las Kellys, Ángela Muñoz, en declaraciones recogidas por Europa Press. La reforma laboral de 2012 provocó una externalización masiva de camareras de piso, que suponen entre "el 20% y 30% de las plantillas de los hoteles", calcula Muñoz. El cese de actividad de los hoteles provocada por el Covid-19 hace que las empresas extingan sus contratos —la mayoría temporales—, por lo que “gran parte" de las kellys se van al paro y, al no ser personal fijo, no entran en el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que aplica el hotel. Es decir, en desempleo y cobrando prestación, en el mejor de los casos, que descuenta tiempo de desempleo.
La dureza del trabajo y la precarización del sector no son nuevas para las kellys. “Quitarle derechos a trabajadores es el objetivo de muchos directores de hotel”, expresa Carmen López, de Kelly Unión Almería. “La mayoría somos mujeres, muchas inmigrantes, o con grandes cargas familiares y este es el único sueldo que entra en su casa”, añade. Muchos jefes lo saben y juegan con esa baza. Además, sus cuerpos se empiezan a resentir con la edad. “Una camarera piso a partir de los 50 años no puede con su cuerpo”. Carmen, que tiene 40, está tomando tratamiento para los dolores, inflamación o ansiedad desde hace cinco. “Es lo normal”. Una "normalidad" que asusta.