El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha calificado este lunes de "hito fundamental y muy demandado" el proceso de regularización extraordinaria de alrededor de 600.000 migrantes en España. Según ha señalado, se trata de personas que ya "contribuyen" al país mediante su trabajo en sectores como la agricultura, los servicios y la ayuda a domicilio.
Desde este lunes, las oficinas de Correos, de la Seguridad Social y de Extranjería han comenzado a ofrecer atención presencial a los interesados en este procedimiento. La gestión de citas se realiza en más de 370 oficinas de Correos, más de 60 de la Seguridad Social y en cinco oficinas de extranjería situadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia.
En declaraciones realizadas en Granada, en su calidad de secretario general del PSOE en la provincia, Fernández ha señalado que todavía "no hay datos" oficiales sobre los posibles beneficiarios. Sin embargo, ha destacado la "valentía" del Gobierno de Pedro Sánchez para "generar medidas necesarias tanto del punto de vista social como económico para que el país siga funcionando". Ha añadido además que "es un paso muy bueno que va a fortalecer la economía y la integración".
El proceso de solicitud comenzó el 16 de abril, con la activación tanto de la tramitación telemática como del sistema de cita previa para la vía presencial. El plazo de presentación de solicitudes, en ambas modalidades, permanecerá abierto hasta el 30 de junio. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha insistido en que no se atenderá a ningún usuario sin cita previa y en que los horarios se han organizado para compatibilizar este proceso con el resto de trámites habituales.
Vox, en contra
En paralelo a este proceso, la candidata número dos de Vox por Sevilla al Parlamento andaluz y portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de la capital, Cristina Peláez, ha criticado con dureza la medida. Ha planteado que los andaluces deberán elegir en las elecciones autonómicas del 17 de mayo entre lo que ha descrito como "regularizaciones masivas" o un "gobierno fuerte, con sentido común y sin complejos, que sea capaz de decir que aquí ya no cabe ni uno más y que muchos se van a tener que ir".
Peláez ha vinculado estas políticas migratorias con lo que ha denominado una serie de consecuencias para los servicios públicos. Ha señalado que habría una "factura" que se traduciría, según sus palabras, en un aumento de las listas de espera en sanidad, más inseguridad en los barrios, colapso de los servicios públicos y mayores dificultades en el acceso a la vivienda. También ha afirmado que las colas actuales para la regularización serían "las colas del futuro" en esos mismos ámbitos.
Asimismo, la representante de Vox ha insistido en que los ciudadanos deberán decidir entre "las mismas políticas de siempre del PP y PSOE o un cambio de rumbo", y entre "los españoles, los últimos, o la prioridad nacional". Ha defendido que su formación representa el "sentido común y la prioridad nacional", subrayando: "Tenemos claro que los españoles y los andaluces por encima de todo". También ha criticado a quienes defienden la llegada de migrantes para cubrir determinados empleos, aludiendo a la necesidad de "dignificar los puestos de trabajo y los salarios" para que puedan ser ocupados por españoles.
CCOO pide refuerzos en Correos
CCOO ha exigido a Correos un incremento de los refuerzos de al menos el 30% de la plantilla a nivel estatal y del 40% en Andalucía para atender el proceso de regularización de personas migrantes, que ha comenzado este lunes de forma presencial y que en dicha comunidad coincide con la convocatoria de elecciones autonómicas. El sindicato ha considerado que se ha desaprovechado la capacidad de la empresa pública, que cuenta con más de 2.300 oficinas, presencia en los 8.000 municipios del país y una red de más de 10.000 empleados, lo que, a su juicio, la situaría como una herramienta idónea para facilitar el acceso al procedimiento.
La organización sindical ha criticado, sin embargo, que se haya optado por un despliegue limitado, con alrededor de 350 oficinas operativas en turno de mañana y 329 en turno de tarde, con la implicación de unas 1.500 personas trabajadoras. Frente a ello, CCOO había planteado la habilitación de cerca de 1.500 oficinas en municipios de más de 5.000 habitantes, donde reside la mayor parte de la población. Además, ha señalado la existencia de errores e incoherencias en la información difundida a través de guías, formularios, web y normativa, lo que estaría generando confusión sobre los plazos. Pese a ello, el sindicato ha dado por hecho que el proceso seguirá adelante, aunque atribuye su desarrollo al esfuerzo de la plantilla más que a la gestión de la dirección, y ha reclamado una planificación adecuada y mayores recursos para una política pública de esta envergadura.