La portavoz adjunta de IU en el Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto, ha preguntado en el pleno de la Cámara andaluza por el grado de cumplimiento de la proposición no de ley aprobada en octubre de 2017 a iniciativa de IU y que incluía medidas a favor de víctimas y familiares del trágico suceso ocurrido en el hotel 100% Fun de Tarifa en agosto de ese mismo año, en el que fallecieron dos trabajadoras y se produjeron graves lesiones a otros compañeros.
Nieto pretende obtener información del Gobierno andaluz sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la PNL aprobada, ya que según le trasladaron las propias víctimas durante la concentración celebrada el pasado mes con motivo del primer aniversario del suceso, hasta el momento no han tenido conocimiento de ninguna actuación por parte de la Junta en este sentido.
La PNL, que contó con el consenso de la Cámara andaluza, solicitaba que se adoptaran medidas, tanto para el esclarecimiento del accidente mortal como para la adopción de “medidas extraordinarias de inspección y seguridad en la red de transformadores eléctricos ubicados en Andalucía que pudieran entrañar riesgos para la población”. Cabe recordar que el accidente se produjo a causa de la deflagración del transformador de la compañía Endesa nº 29272 y que a raíz del suceso, “puso el foco en el estado de dicha máquina, de tecnología anticuada y que probablemente careciera de seleccionador automático de corriente ante sobrecargas a las que se encontraba sometido habitualmente en época estival”, apuntó la parlamentaria andaluza.
La PNL contemplaba igualmente que “se mantenga puntualmente informadas tanto a la asociación como a los sindicatos mayoritarios de cuantas gestiones se realicen por parte de la Junta de Andalucía, de los resultados de la investigación en curso, así como prestarles el asesoramiento legal o la ayuda de todo orden que precisen para hacer valer los derechos de las víctimas y garantizar que las mismas sean atendidas y resarcidas convenientemente”.
Además, exigía a Endesa la realización de “una inspección extraordinaria de todos los transformadores instalados en Andalucía cuya última revisión se realizase hace más de un año, con supervisión de técnicos de la Junta de Andalucía” y daba “un plazo de seis meses para que la compañía elabore y presente un plan para la renovación de todos los transformadores ubicados en Andalucía cuya antigüedad sea mayor de 25 años o su tecnología no sea la adecuada para la prestación del servicio en condiciones óptimas de seguridad”.
Nieto ha indicado que “de todos estos acuerdos no nos consta que se haya realizado gestión alguna por parte de la Junta de Andalucía, por lo que pediremos que nos den información detallada al respecto”.
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