El Guadalete a su paso por Jerez, con numerosas viviendas en zonas inundables. FOTO: JUAN CARLOS TORO
El Guadalete a su paso por Jerez, con numerosas viviendas en zonas inundables. FOTO: JUAN CARLOS TORO
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó a finales del pasado mes de septiembre el Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares, con el que se pretende resolver una situación que en Andalucía afecta a 327.000 propietarios. Una de las cuestiones más controvertidas del decreto, a las que aludía recientemente el director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, José María Morente, en declaraciones al periódico El Mundo, era la de la regularización de casas en zonas con riesgo de inundaciones e incendios forestales. La respuesta de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, en declaraciones a lavozdelsur.es, es taxativa: no habrá tal legalización. Y matiza: "Se podrán normalizar las viviendas construidas en suelos que hayan sido inundables, pero que ya, con las medidas correctoras oportunas, no lo sean". Además, los titulares tendrán que firmar una declaración responsable aceptando que son conscientes del riesgo que entraña vivir en esas zonas. ¿Qué diferencia hay entre normalizar y legalizar? Las fuentes de Fomento han aclarado a este medio que "si estas viviendas toman las medidas correctoras oportunas, como diques o encauzamientos, entre otras, y que habrá que ver quién las paga —administraciones o propietarios, básicamente—, se podrá normalizar la situación de esa vivienda, pero nunca legalizar". Es decir, un reconocimiento de que la vivienda está construida en una zona fuera de ordenación urbanística, pero con un delito prescrito y que, por tanto, no habrá demolición. Ese reconocimiento de la legalidad, vía declaración como Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO) o con un Plan Especial en la ordenación urbanística municipal, permitirá acceder al registro y, por tanto, a contar con servicios básicos como luz, saneamiento y alcantarillado.  Por tanto, Fomento insiste en dejar claro que "el decreto ley de viviendas irregulares sólo permite normalizar edificaciones en suelos cuyo riesgo de inundación ya no exista. Terrenos que eran inundables pero que, tras la adopción de medidas correctoras, ya no lo son". Solo en Jerez, por ejemplo, casi 2.000 personas viven en zonas inundables. Ahora con el decreto podrán normalizar la situación de sus viviendas siempre y cuando se esquive el riesgo de inundación, lo que en zonas como las de la ribera del Guadalete a su paso por el municipio parece harto complicado. En Chiclana, por ejemplo, la Junta ha anunciado que "se podrán normalizar casas entre los 100 y 500 metros de costa, tal y como recoge el decreto, casas que antes no se podían normalizar ni declarar como AFO".

En Andalucía existe un grave problema generado por las edificaciones irregulares construidas al margen de la legalidad urbanística sobre las que ya no es posible adoptar medidas para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico, al haber transcurrido el plazo del que dispone la Administración para actuar sobre las mismas. Como explicó el Gobierno andaluz en su día, el origen de estas edificaciones, fuera de toda planificación, provoca que no cuenten con infraestructuras para los servicios básicos de saneamiento y abastecimiento de agua y electricidad, por lo que no tienen garantizadas las condiciones mínimas de seguridad y salubridad requeridas para su habitabilidad".

Se han generado, además de los problemas asociados a la precaria urbanización del soporte donde se asientan, riesgos para la seguridad y salubridad de la población afectada, derivados de la localización en zonas con riesgos naturales y del autoabastecimiento de agua en suelos contaminados por la falta de saneamiento y depuración de las residuales. Ante este panorama, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo ha venido resaltando en los últimos meses que el decreto ley pone el acento en dos cuestiones: la protección ambiental y la simplificación de los procesos.

"El objetivo principal es mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas de las agrupaciones de viviendas irregulares. Para su regularización se impondrán medidas destinadas a corregir los efectos del crecimiento desordenado e indiscriminado que provoca la sobreexplotación de recursos como el agua y el suelo", ha dicho la titular de Fomento. Organizaciones como Ecologistas en Acción han lamentado esta medida, temiendo que se convierta directamente en una "amnistía" urbanística para miles de casas ilegales en Andalucía, especialmente en su litoral.

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