El 17 de diciembre de 2013, el pleno del Congreso aprobada, con la mayoría absoluta del Partido Popular, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), también conocida como Ley Wert por el sello que dejó en el texto su impulsor, el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert. La reforma fue rechazada por prácticamente toda la oposición, cuyos portavoces repitieron durante aquel debate que la ley "nacía muerta" y "tenía los días contados". Seis años después y tras un cambio de Gobierno, sigue en vigor y tendrá, como mínimo, un curso más de vida.
La derogación de la Lomce, el futuro de las reválidas que implantó esta ley, el diseño de la carrera docente o la obligatoriedad de la cotización de las prácticas universitarias son algunas de las asignaturas pendientes de la educación española que esperan la formación de un nuevo Gobierno en septiembre, el tradicional mes de los malos estudiantes.
El 11 de julio de 2018, en su primera comparecencia en el Congreso tras asumir la cartera de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá anunciaba que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez derogaría de forma "urgente" varios artículos de la LOMCE como las reválidas, los itinerarios "segregadores" o el concepto de "demanda social" en la planificación escolar.
La Ley Celaá se ponía en marcha para acabar con la Ley Wert, aunque la reforma educativa del PSOE fue acumulando retrasos a pesar de su proclamada urgencia. Celaá prometió una reforma de los "aspectos más lesivos" de la Lomce para antes de las pasadas navidades. Después, que el proyecto de ley orgánica se presentaría en el Congreso a principios de 2019.
La ahora ministra en funciones ha asegurado este verano que llevará su reforma de la ley educativa al Congreso en cuanto Sánchez sea investido. La derogación de la Lomce es actualmente una petición casi unánime de la comunidad educativa, aunque muchas voces reclaman que sea sustituida por una nueva ley que cuente con un gran acuerdo entre formaciones políticas para aportar estabilidad al sistema educativo.
La "chapuza legislativa" de la Lomce
Uno de los puntos más controvertidos de la Lomce introducía unas pruebas de evaluación finales para todos los estudiantes al terminar la ESO y el Bachillerato también conocidas como reválidas: cuatro días de exámenes obligatorios para obtener el título de cada etapa educativa. El calendario de aplicación de la Lomce establecía que las reválidas fueran obligatorias desde 2017, primero de forma experimental y después ya como prueba con calificación, aunque nunca llegarían a implantarse tal y como las había diseñado el ministro José Ignacio Wert.
Su sucesor al frente de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, también del Partido Popular, las dejó sin "efecto académico", convirtiendo el examen de la ESO en un mero "examen de diagnóstico". Ocurrió en 2016, y el entonces Gobierno de Mariano Rajoy suspendió su aplicación hasta que se alcanzase un pacto educativo entre las principales formaciones políticas para superar la Lomce.
La posibilidad de lograr un pacto educativo naufragó en marzo de 2018, cuando el PSOE abandonó la mesa de negociación por discrepancias con el Ejecutivo de Rajoy sobre la inversión en educación. Dos meses después, el PSOE llegaba a la Moncloa, y la nueva ministra de Educación, Isabel Celaá, tuvo que prorrogar las reválidas sin efecto académico que heredó del Partido Popular para el curso pasado, al no conseguir tener a tiempo una reforma de la ley educativa que derogase la Lomce.
"Este problema viene causado por la chapuza legislativa que se hizo con la Lomce y su posterior calendario de aplicación, y por una mala planificación educativa del anterior Gobierno", señala el presidente de CANAE, Carles López, a Europa Press, lamentando que esta situación se vaya a repetir un curso más. "Es difícil solucionarlo con un Gobierno en funciones, porque la mejor solución sería dejar sin efecto el calendario de aplicación de la Lomce", expone López.
Un estatuto para los docentes, "asignatura pendiente" desde hace 30 años
Los sindicatos docentes consideran que es "la gran asignatura pendiente" de la educación en España porque acumula una demora de 30 años. Tanto PSOE, como PP y Ciudadanos lo incluyeron como una promesa en su programa electoral. Pero la ausencia de Gobierno sigue postergando la creación de un estatuto docente para establecer los criterios del acceso, la promoción y la formación, así como los derechos y obligaciones, de los profesores.
"Ha sido una promesa incumplida por todos los partidos que han estado en el Gobierno", apunta a Europa Press el presidente del sindicato docente ANPE, Nicolás Fernández. "El modelo de acceso a la profesión es obsoleto y la carrera profesional es plana", añade el secretario general de Enseñanza de CCOO, Francisco García.
El PSOE se comprometió durante la última campaña electoral "a desarrollar una auténtica carrera docente orientada hacia una educación integral de calidad". El Ministerio de Educación y Formación Profesional de Isabel Celaá organizó el año pasado un foro de expertos para definir una propuesta "integral" sobre la profesión docente, que pretendía tener lista antes de que finalizase esta legislatura. Celaá sugirió entonces introducir un método de evaluación voluntaria para docentes con el propósito de mejorar la calidad del profesorado de las enseñanzas no universitarias.
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