La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado en sede parlamentaria que el presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2021 contempla una partida de 61 millones de euros para el servicio de ayuda a domicilio, "lo que permitirá su incremento del precio hora, tras 10 años congelado, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención y las condiciones laborales de las trabajadoras de la dependencia".
Por otra parte, Ruiz ha anunciado que "desde este Gobierno se está trabajando, en colaboración con las entidades locales, en la elaboración de un nuevo proyecto de Orden de regulación del Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía para mejorar su gestión, adecuando procedimientos y contenidos a las necesidades actuales en pro de garantizar la prestación del servicio como derecho subjetivo a pesar de la situación provocada por la crisis del Covid-19. Asimismo, la nueva norma incluirá cláusulas sociales en la contratación del servicio con el fin de garantizar los derechos y deberes de las profesionales".
Así como en el marco de la Estrategia Ética en Servicios Sociales de Andalucía, "se promoverá, junto a las organizaciones y colegios profesionales, la elaboración de un código de ética profesional". Además del servicio derivado de la Ley de la Dependencia, el Servicio de Ayuda a Domicilio se presta en el marco del Plan Concertado como prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios para la población que no está siendo atendida por el sistema de la dependencia por carecer de grado y nivel o no ha recibido aún la prestación del servicio y se encuentra en situación de necesidad del mismo.
Según ha subrayado la consejera, esta Orden persigue "establecer un régimen jurídico común de este servicio, tanto como prestación del Servicio Público de Servicios Sociales como de la Ley de la Dependencia de 2006, unificando las condiciones".
Entre sus novedades, establece el proyecto de intervención social como procedimiento para garantizar el carácter integral de la atención y su continuidad; elimina la valoración de la situación económica en el baremo para el acceso de este servicio no vinculado a la Ley de Dependencia, que sí será tenido en cuenta para fijar su aportación al coste del servicio; e introduce la figura del personal de coordinación tanto en la entidad local como en la empresa prestadora.
El Servicio de Ayuda a Domicilio, como recurso del sistema de la dependencia, lo organizan las entidades locales mediante la contratación de empleadas públicas o de empresas prestadoras. Para ello, la Consejería de Igualdad ha transferido, en lo que va de año 2020, a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales "la cantidad de 338,8 millones de euros, lo que supone 51 millones más que en el mismo periodo de 2018", ha apuntado.
Asimismo, "se trata de uno de los servicios de mayor alcance", ha destacado, para añadir que a 30 de septiembre de 2020, 93.113 personas en situación de dependencia en Andalucía "son atendidas en sus domicilios a través de este recurso", lo que supone "el 31 por ciento del total de prestaciones en nuestra comunidad, conviertiéndolo en el servicio más demandado".
Por su parte, la socialista Soledad Pérez ha afirmado que el hecho de que Ruiz "simplemente con titulares quiera resolver la ayuda a domicilio en Andalucía no les tranquiliza". "61 millones más pero cuánto subirá el precio hora, concrételo", le ha espetado, al tiempo que ha asegurado que Pedro Sánchez "traerá a Andalucía 100 millones en dependencia, justo los que pinta en el presupuesto, con lo que no va a poner nada, se ahorrará la financiación de la dependencia en su Consejería".
Por tanto, "cuánto dinero nuevo" habrá de la Junta de Andalucía "además de los 100 millones de Sánchez", pregunta Pérez, que insiste en "cuánto subirá el precio hora respecto de los 13 euros actuales y cuándo" porque "están todos los ayuntamientos de Andalucía esperando". Desde Adelante Andalucía Ana Villaverde ha señalado que "era necesario" el incremento del precio hora en este servicio, resultado "de años de lucha de las trabajadoras de este servicio", pero "el problema es que a estas trabajadoras les sobran promesas y están muy faltas de acciones concretas que mejoren sus condiciones laborales y la calidad del servicio".
Además, ha lamentado que "llevan muchos años viendo como mientras la Junta paga 13 euros por la hora del servicio, ellas perciben cinco o seis euros". "El aumento del precio hora es una medida imprescindible pero insuficiente por sí misma mientras el servicio siga gestionado por grandes empresas", ha lamentado.
Por otra parte, en su segundo turno Villaverde ha señalado que "no puede dejar de referirse al atropello democrático que puede culminarse en este Parlamento con ocho compañeros de mi grupo parlamentario, que nos afecta a once, porque compartimos la misma posición política y la defensa del programa con el que nos presentamos a estas elecciones".
Así ha lanzado su intervención contra la expulsión de diputados de Adelante Andalucía, catalogados como tránsfugas en un escrito presentado por la portavoz del grupo y dirigente de Izquierda Unida, Inmaculada Nieto, a la Mesa del Parlamento. "Llamo a la reflexión porque lo que pueda pasar aquí no solo afecta a nuestro grupo parlamentario sino también a la credibilidad democrática de esta Cámara y a derechos fundamentales de representación política", ha concluido.