El Gobierno andaluz ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la creación del registro único de alquiler turístico, impulsado por el Ejecutivo central y que entrará en vigor el próximo 1 de julio. La Junta considera que esta medida supone una invasión de competencias autonómicas y ha reclamado que las comunidades autónomas sean las receptoras de la información recabada a través de la nueva plataforma.
La normativa estatal, aprobada mediante el Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, establece la obligatoriedad de registrar todas las viviendas destinadas al alquiler turístico y de temporada en un sistema unificado. Además, contempla la creación de una ventanilla única digital que centralizará los trámites relacionados con el registro y permitirá la consulta de datos por parte de los usuarios.
La Junta de Andalucía ha expresado su conformidad con los objetivos del reglamento europeo sobre la recogida de datos relativos a los alquileres de corta duración, pero ha mostrado su rechazo a la implementación diseñada por el Gobierno central. Desde la Consejería de Turismo se argumenta que el Ejecutivo ha sobrepasado sus competencias y ha incorporado exigencias no contempladas en el reglamento comunitario, que es de aplicación directa en el ordenamiento jurídico español.
Según la administración andaluza, ya en el mes de enero se advirtió que el decreto estatal invadía competencias de las comunidades autónomas. A raíz de ello, varias regiones presentaron un requerimiento previo con el objetivo de corregir los aspectos que, a su juicio, vulneraban la legislación vigente y los marcos competenciales autonómicos. Sin embargo, sostienen que el Gobierno central desoyó estas advertencias.
Los reproches de la Junta
Uno de los principales reproches de la Junta reside en lo que considera una falta de rango normativo suficiente para imponer nuevas obligaciones a arrendadores y plataformas digitales, sin respaldo en una norma con rango de ley. Asimismo, Andalucía exige que las comunidades gestionen directamente los datos del registro, sin necesidad de firmar convenios adicionales con los registros de la propiedad.
La administración andaluza también ha solicitado que sean las comunidades autónomas quienes dicten las resoluciones sobre la eliminación o inhabilitación de anuncios de alojamientos no autorizados. Propone que la ventanilla única digital se limite a actuar como canal de comunicación con las plataformas digitales, evitando duplicidades con los registros turísticos ya existentes en el ámbito autonómico. Además, ha instado a convocar con urgencia una reunión con todas las comunidades para analizar el estado del sector y revisar los avances del grupo de trabajo constituido para este fin.