El Consejo Andaluz de Concertación Local (CACL), órgano de interlocución entre la administración autonómica y la administración local en Andalucía, ha sido objeto de críticas por parte del presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, Fernando Rodríguez Villalobos, que lamenta que este organismo "ignore y desoiga las reivindicaciones de mejora que los gobiernos locales vienen planteando al proyecto de la futura nueva Orden reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio".
En un comunicado, Rodríguez Villalobos manifiesta que la ciudadanía conoce "tanto la importancia e incidencia de este servicio en una gran parte de la población andaluza, como que es un servicio vital cuya gestión desarrollan los ayuntamientos y diputaciones en Andalucía, incluso más allá de sus competencias".
Para el presidente de la FAMP, "el papel de los gobiernos locales en la gestión del servicio es incontestable para todos, menos para la Consejería competente en Servicios Sociales, o al menos así lo parece”. Al hilo de lo que relata de la reunión del Consejo Andaluz de Concertación Local, hace una serie de consideraciones sobre el recorrido, que ha tenido la comisión de trabajo creada para elaborar el documento con las propuestas de los consistorios, además de exponer irregularidades.
“Hemos vivido una situación inédita en el CACL, ya que se ha celebrado una sesión de Permanente con oposición expresa de una de sus dos partes; se ha hecho caso omiso al incumplimiento de un mandato expreso acordado por la Permanente a un grupo de trabajo que hoy sigue sin culminar su tarea de intentar un consenso”, dijo.
El presidente concluye afirmando que desde el municipalismo andaluz "se espera que la Junta de Andalucía recapacite y se replantee la exigencia de que la futura orden del Servicio de Ayuda a Domicilio tenga una redacción consensuada y respetuosa con el reparto de competencias legalmente existente, incluyendo los aspectos imprescindibles que aseguren la financiación autonómica plena del coste real que supone la gestión del servicio, tanto con un precio/hora que garantice la cobertura de salarios dignos, estabilidad y demás derechos laborales de las personas que lo prestan, en su mayoría mujeres, como cubrir el coste total de gestión que hasta ahora vienen asumiendo, de forma impropia, los ayuntamientos y diputaciones supliendo lo que la Junta está obligada a dotar".
La FAMP rechaza la posibilidad de “que se publique una nueva orden que no responda a esa realidad, y se espera que se vuelva a convocar el grupo de trabajo para conseguir cuanto antes el texto que todos deseamos y merece nuestra ciudadanía”.