En pocos días, el padre de Jonathan pasó de tener dolores, a estar ingresado en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, ser operado de urgencia y fallecer. Todo pasó muy rápido y a la familia le costó digerirlo. Y aunque sucedió en 2015, Jonathan Aleu, natural de San Fernando, aún no ha cerrado el duelo, ya que a la inesperada pérdida, tras la que sospecha que pudo haber una negligencia médica, tuvo que sumar una presunta estafa de un bufete de abogados al que contrató para aclarar el asunto.
“No sé ni qué calificativo poner a lo que estoy viviendo”, comenta Aleu cuando atiende a lavozdelsur.es, siete años después de la muerte de su padre y cuatro años más tarde de poner el asunto en manos de un bufete de abogados malagueño, que se quedó con más de 3.000 euros, que abonó gracias a la solicitud de un préstamo.
El dolor por la muerte de su padre, y la supuesta negligencia médica, que quiso denunciar, pasó a un segundo plano tras ser víctima de una presunta estafa, de la que todavía espera que se haga Justicia. Finalmente, el informe pericial concluyó que su padre falleció por el Nolotil que le dieron en Urgencias, un medicamento al que era alérgico, y que le fue suministrado también en quirófano.
En condiciones normales, Jonathan hubiera “seguido luchando” para reclamar Justicia por el fallecimiento de su padre, pero tuvo que dedicarse a otros asuntos como buscar un segundo abogado que le confirmara si el bufete al que abonó 3.300 euros había interpuesto demanda, algo que no hizo.
Jonathan Aleu, tras interponer denuncia, estuvo presente en la autopsia que le realizaron a su padre, que no reveló los motivos de su muerte. Por ello quiso poner en manos de abogados la supuesta negligencia, y confió en un bufete que “había visto por Facebook que se dedicaba a negligencias médicas”. En Conil se reunió con un abogado, aceptó las condiciones y pidió un préstamo para costear la minuta.
Entre Jonathan y su hermano solicitaron un préstamo de 4.500 euros, abonaron 3.000 euros inicialmente al bufete Soluciones de la Abogacía CYM, de Coín (Málaga), y pactaron el pago de 100 euros mensuales para completar el resto de la cantidad presupuestada. “Cuando llevaba tres meses pagando, dejé de hacerlo porque no me fiaba. No me daban ningún papel que confirmara que había denuncia”, cuenta Aleu.
Con mucho esfuerzo, tras estar seis meses trabajando a través de un plan de empleo en el Ayuntamiento de San Fernando, Jonathan —y su hermano— pudo ahorrar para abonar el coste que excedía el préstamo, destinado a pagar al bufete de abogados, que debía interponer diligencia judicial en el Juzgado.
Temiendo que no hubiera demanda interpuesta, Jonathan confió en el letrado José Luis Ortiz, del bufete Ortiz Abogados, que le confirmó que no había diligencia judicial y que, para colmo, se había excedido el plazo legal para reclamar indemnización por una posible negligencia médica, estimado en un año. El bufete contratado se escudó en que Jonathan no había planteado acudir a la vía penal, reclamando indemnización en base a un suouesto homicidio imprudente grave, un tipo penal que prescribe a los cuatro años.
“Por un lado tengo la pena de no haber hecho Justicia por mi padre y, por otro, tener que seguir con la lucha para recuperar al menos el dinero, porque no hicieron ninguna gestión”, señala Aleu. “Solo quiero que esto acabe cuanto antes y que no haya más afectados”, comenta, y al hilo asegura que conoce a una decena de supuestas víctimas del bufete, con las que está en contacto.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Fernando es el que lleva la instrucción del caso, donde declaró la perito judicial que, según el testimonio de Jonathan, desmontó la coartada del bufete malagueño. “Dijeron que no me conocían, pero la perito contó que había realizado el trabajo", y que había cobrado solo 800 euros de los 2.800 que se le había presupuesto por este trámite.
El bufete Soluciones de la Abogacía CYM, que desde que Jonathan Aleu los denunció ha cambiado en varias ocasiones de nombre —ahora asegura que son los mismos que están detrás de Derecho Urbanístico—, ha reiterado en repetidas ocasiones que no ha habido irregularidades en el caso del isleño, que se le ofreció reclamar como homicidio imprudente grave y no quiso, y que la cantidad cobrada por la perito judicial formaba parte de cuestiones “internas”.
“Esta situación me ha hecho daño moral, psicológico y económico”, puntualiza Aleu, quien confiesa que ha recibido tratamiento psiquiátrico a raíz de esta supuesta estafa —“desconfiaba de todo el mundo”—. “Luchando contra ella me detectaron hasta un tumor en un testículo y tuvieron que operarme”, cuenta. “En unos meses tengo la última revisión… pero se me ha juntado todo”. “Quiero cerrar el capítulo del luto de mi padre de una vez”, proclama.
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