Investigan a los responsables de un centro de formación de vigilantes de seguridad en San Fernando por posibles irregularidades

Policía Nacional y Guardia Civil han detectado que los alumnos diplomados en este negocio cubrieron las prácticas de tiro obligatorias con armas de fuego reglamentarias con revólveres de fogueo o simuladores

Credenciales intervenidas por Policía y Guardia Civil.
Credenciales intervenidas por Policía y Guardia Civil.

Agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil han investigado al director, al jefe de estudios y al instructor del tiro de un centro de formación para vigilantes de seguridad con sede en San Fernando (Cádiz), como presuntos autores de un delito de falsedad documental, por presunta irregularidades en la concesión de títulos de los cursos, requisito indispensable para la obtención de la autorización que habilita para desempeñar la profesión e vigilante de seguridad privada.

Según han explicado en una nota, la investigación se inició a raíz de las labores propias de inspección y control de las practicas de tiro de los centros de formación que normativamente tiene atribuidas la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil. En una de estas inspecciones surgieron las primeras sospechas sobre un centro que no habría cumplimentado las prácticas, principalmente por no haber obtenido aún las oportunas autorizaciones, a pesar de lo cual habrían otorgado los diplomas.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional en Cádiz, dando comienzo así a la investigación conjunta que confirmó las sospechas de ambos cuerpos policiales. Fruto de las gestiones realizadas se detectó que las irregularidades afectaron a la no realización de las prácticas de tiro obligatorias con armas de fuego reglamentarias, que han de cumplimentar necesariamente los alumnos dentro de los diferentes módulos formativos que conforman el citado curso y que en el caso investigado afectaría, por el momento, a 32 alumnos.

Para evitar los elevados costes de las prácticas de tiro recurrían a simuladores de tiro y a revólveres de fogueo que eran utilizados en un aula del centro, diciendo a los alumnos que unas prácticas realizadas de este modo eran totalmente válidas. Los alumnos participantes en el curso se enfrentan ahora a la anulación de sus titulaciones, cuestión que deberá ser dirimida en los juzgados.

El módulo de armamento y tiro conlleva la realización de prácticas de tiro con revólveres de dotación para vigilantes que necesariamente habrían de realizarse en una galería de tiro autorizada, con munición real o de fogueo y tuteladas por un instructor de tiro acreditado y requiriría que el centro de formación contara con las pertinentes autorizaciones administrativas otorgadas por la Dirección General de la Guardia Civil.

La organización y realización de estas prácticas conllevan un elevado coste económico para el centro de formación que puede oscilar entre los 1.000 y 1.500 euros por sesión, coste que no todos los centros de formación pueden asumir, dada la fuerte competencia en el sector de la formación de aspirantes a vigilantes, cuyo conste de un curso de seis semanas de duración y al menos 180 horas lectivas viene a ser de entre 350 a 400 euros por alumno.

La superación del curso y la obtención de la titulación permite a los alumnos permite a los alumnos presentarse a los exámenes oficiales que organiza cuatro veces al año la Dirección General de la Policía. Una vez superados los exámenes los nuevos vigilantes obtienen su tarjeta de identificación personal que les permite incorporarse en el mercado laboral dentro de las empresas del sector de la seguridad privada y obtener nuevas habilitaciones posteriores, como puede ser la de vigilantes de explosivos o la de escolta privado.

Según ha indicado la Policía y la Guardia Civil, el principal investigado ha sido sancionado en otras ocasiones por irregularidades. Así, ha señalado que no era esta la primera ocasión en la que este centro y de manera más concreta uno de sus directivos, con habilitación de vigilante de seguridad privada y con una larga trayectoria en la formación de aspirantes a vigilantes en diferentes centros que el mismo había fundado y dirigido.

En este sentido, han añadido que era investigado y sancionado, incluso con la perdida de la autorización de los centros para impartir este tipo de docencia, la cual no fue óbice abrir nuevos centros de formación a cuyo frente ponía como directores a terceras personas con escasos conocimientos, permaneciendo él en un segundo plano a fin de eludir posibles responsabilidades y no levantar sospechas por su azarosa trayectoria profesional.

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