Una reunión entre CCOO de Andalucía y Cáritas ha puesto de manifiesto la preocupación creciente por la situación social y económica en la comunidad autónoma. Durante el encuentro, la organización social ha entregado el informe Exclusión y desarrollo social en Andalucía 2025, elaborado por la Fundación Foessa, un documento que alerta sobre la extensión de la precariedad estructural en la región. Según los datos analizados, 23 de cada 100 personas en Andalucía viven en riesgo de pobreza o exclusión social, una cifra que ambas entidades consideran especialmente preocupante por su tendencia a la cronificación.
El sindicato ha insistido en la necesidad de reforzar las políticas públicas para revertir esta situación, especialmente en materia de empleo y formación. CCOO ha reclamado al Gobierno andaluz una mayor inversión en políticas activas de empleo como herramienta clave para la inserción laboral de las personas más vulnerables, señalando de forma directa a las 65.883 personas en la región que nunca han tenido un empleo anterior. En este sentido, la organización ha criticado la evolución presupuestaria, señalando que la inversión en este ámbito ha descendido cerca de un 16%, lo que supone 49 millones de euros menos destinados a la creación de empleo en una comunidad con una tasa de paro cercana al 15%.
Precariedad estructural, vivienda y pobreza laboral
El informe Foessa también refleja un deterioro de los niveles de integración social en Andalucía. Solo el 39,7% de la población se encuentra en situación de integración plena, mientras que el 10,2% sufre exclusión social severa. Ante estos datos, ambas organizaciones han coincidido en tres problemas estructurales: la cronificación de la pobreza, el acceso a la vivienda y el crecimiento de la pobreza laboral como fenómeno emergente dentro del mercado de trabajo andaluz.
Las organizaciones han advertido que la cronificación de la exclusión provoca un freno en la movilidad social. Según han señalado, esto "hace que se pare el ascensor social", una expresión que resume la preocupación por la falta de oportunidades para los sectores más desfavorecidos. Además, han insistido en que el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema social de primera magnitud, especialmente ante el aumento de los precios en el mercado libre y la presión especulativa sobre el parque residencial.
Críticas al sistema de protección social y a la política de vivienda
En el ámbito de la protección social, el sindicato ha criticado la normativa autonómica en materia de ayudas sociales, especialmente el diseño de la relación entre la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (RMISA) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Según CCOO, la normativa autonómica “que hizo incompatible la RMISA con el IMV a nivel estatal". Actualmente, la RMISA apenas ofrece cobertura a 12.000 titulares, lo que ha llevado a las organizaciones a señalar que el peso del escudo social recae principalmente sobre el sistema estatal de protección.
Las dirigentes sindicales también han criticado la política de vivienda, denunciando "la falta de interés del Gobierno andaluz ante la grave crisis habitacional que sufren los andaluces y andaluzas, un problema de emergencia social que se extiende ante la falta de políticas públicas dirigidas a contener el precio de la vivienda en manos del mercado libre especulativo". En esta línea, se ha afirmado que “es una realidad que la ley de vivienda en Andalucía mira más por los intereses de los promotores privados que por los intereses de una mayoría social, permitiendo que el precio se fije por criterios de beneficio empresarial y no de necesidad social”.
La delegación sindical ha insistido en que la pobreza en Andalucía presenta un carácter estructural y multidimensional, afectando no solo al empleo, sino también al acceso a derechos básicos como la vivienda y la protección social.