El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo han firmado este lunes un protocolo destinado a indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica cuyos casos hayan prescrito. La iniciativa establece una nueva vía de reparación para situaciones en las que ya no es posible recurrir a la justicia ordinaria.
El mecanismo comenzará a funcionar el próximo 15 de abril y permitirá acogerse también a quienes ya hayan recurrido al sistema de reparación impulsado por la Iglesia en 2024, conocido como PRIVA. Según lo acordado, la Iglesia asumirá el pago de las indemnizaciones, mientras que el Defensor del Pueblo será el encargado de revisar cada caso y fijar las cuantías correspondientes.
El texto no establece cifras ni baremos concretos para las compensaciones económicas. El presidente de la CEE, Luis Argüello, ha señalado que se trata de "una propuesta integral sin cifras y sin horquillas", lo que implica que cada caso será evaluado de manera individualizada. En esta línea, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido que "una reparación justa no debe estar determinada por ninguna cifra, ni mínima, ni máxima".
El procedimiento contempla que la víctima inicie el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que remitirá el expediente a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Este organismo elaborará una propuesta de resolución que podrá incluir reparaciones de carácter simbólico, restaurativo, espiritual y/o económico, atendiendo a las solicitudes de la víctima. Aunque la jerarquía eclesiástica podrá recurrir las decisiones, la última palabra corresponderá al Defensor del Pueblo.
El protocolo también detalla que las reparaciones podrán incluir medidas orientadas al reconocimiento institucional, el acompañamiento o la petición de disculpas, además de compensaciones económicas por los daños sufridos y los gastos derivados de posibles secuelas físicas y psicológicas. Estas cuantías tendrán en cuenta factores como la gravedad de los abusos, la violencia ejercida, la edad de la víctima o la duración de los hechos.
El sistema acordado
En cuanto a la organización del sistema, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes creará una Unidad de Tramitación encargada de recibir solicitudes, orientar a las víctimas y gestionar la comunicación entre las partes. Por su parte, la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, integrada por profesionales independientes, realizará una evaluación individualizada de cada caso y propondrá tanto el reconocimiento de la condición de víctima como las medidas de reparación.
El acuerdo contempla además que las indemnizaciones estén exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la renta, y tendrá carácter temporal, con una duración inicial de un año prorrogable. Está dirigido a casos que no han tenido ni pueden tener recorrido judicial. Desde la Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra se ha valorado que "suena bien la música" del protocolo, aunque han reclamado que exista "una única vara de medir para todos los casos".