Unas 3.000 personas, entre ellas varios cientos de jueces y fiscales, se han concentrado este sábado frente al Tribunal Supremo en Madrid para protestar contra los proyectos legislativos del Gobierno que reforman tanto el acceso a la carrera judicial como el estatuto del Ministerio Fiscal. La movilización, organizada por cinco asociaciones judiciales y fiscales mayoritarias, ha sido calificada como una acción previa a la huelga convocada para los próximos 1, 2 y 3 de julio.
Durante la protesta, los portavoces de estas entidades han exigido la retirada inmediata de los proyectos. Lo han hecho al grito de proclamas como "Sin Estado de derecho no hay democracia", "Jueces colocados, procesos trucados" o "Bolaños, tramposo, tu ley es un destrozo". Según ha declarado Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el apoyo ciudadano ha sido "increíble" y ha remarcado que las reformas van en perjuicio del derecho de todos a una justicia "profesional, independiente e imparcial".
Críticas a las formas y el contenido de las reformas
Entre las principales objeciones expresadas, las asociaciones han señalado que el proyecto que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal se está tramitando por vía de urgencia, "sin ninguna razón para ello" y "sin responder a demanda social alguna". Han subrayado también que el texto ha recibido un informe técnico muy crítico por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por lo que consideran que se pone en riesgo la calidad y objetividad de las pruebas de acceso.
Respecto al anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, los portavoces han denunciado que busca reforzar el poder del fiscal general del Estado, nombrado directamente por el Ejecutivo, "sin ningún tipo de filtro previo". Además, han advertido de que la nueva norma suprime garantías clave de autonomía interna de los fiscales y reduce sus márgenes para oponerse a las órdenes de sus superiores.
En ese contexto, las asociaciones convocantes –APM, AJFV, FJI, AF y APIF– han vinculado ambas iniciativas legislativas a un "ambiente de continuo ataque al poder judicial", alimentado por declaraciones políticas que "deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan" y convierten al Ministerio Fiscal en "un apéndice del Gobierno", lo que, a su juicio, erosiona la confianza ciudadana en la Justicia.
Huelga inminente y derecho a manifestarse
La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, ha defendido el derecho a huelga de jueces y fiscales, pese a que el CGPJ haya señalado esta semana que "carece de soporte normativo" y no proceda tenerla por anunciada ni fijar servicios mínimos. Del Barco ha replicado que ejercerán ese derecho "con responsabilidad y respeto a los ciudadanos", asegurando que se mantendrán servicios mínimos durante los tres días de paro.
Por su parte, el presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, ha recalcado que la protesta "no reclama mejoras salariales ni condiciones laborales", sino la defensa del Estado de derecho, que consideran seriamente amenazado si las reformas siguen adelante. Aunque la manifestación ha contado con momentos de tensión y consignas duras contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los representantes de las asociaciones se han desmarcado en repetidas ocasiones, subrayando el carácter apolítico de la convocatoria.
Uno de los momentos más destacados se ha producido cuando, en plena lectura del manifiesto, un asistente ha interrumpido al portavoz Sergio Oliva con insultos. Este le ha replicado desde el micrófono: "Quien insulta se define así mismo, caballero", reafirmando el tono institucional de la concentración.
Apoyo del Partido Popular a la movilización
Mientras se desarrollaba la protesta, la vicesecretaria de Organización Territorial del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha mostrado su respaldo a la huelga y las demandas de las asociaciones. Según ha informado el PP, Fúnez ha acusado al Gobierno de intentar "controlar el Poder Judicial" y de legislar "con nombres y apellidos", en referencia a la 'ley Puigdemont', la 'ley Begoña', la 'ley Bolaños' y el proyecto de 'ley Koldo', que, a su juicio, buscan blindar al presidente en La Moncloa.
En un encuentro con el Colegio de Procuradores, Fúnez ha asegurado que la gestión de Sánchez supone "un ataque permanente a la separación de poderes" y ha criticado que "se jacten de haber redactado una ley para lograr impunidad". Ha concluido subrayando que ni los jueces ni los fiscales ni los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se dejarán controlar, pues "solo se deben al imperio de la ley".