"Que vayan contra el que nos vendió las parcelas, ¿nosotros qué culpa tenemos?"

Un centenar de parcelistas de Haza Larga, una finca situada entre Guadalcacín y Nueva Jarilla, protesta tras recibir una orden de Urbanismo que decreta la restauración de la finca, situada en suelo rústico

Afectados por Haza Larga, protestando en la puerta del Ayuntamiento. FOTO: MANU GARCÍA
Afectados por Haza Larga, protestando en la puerta del Ayuntamiento. FOTO: MANU GARCÍA

Una nube de camisetas verdes inunda la plaza del Arenal de Jerez. El ruido es ensordecedor, y lo provocan el centenar de parcelistas de Haza Larga, una finca situada entre las Entidades Locales Autónomas de Guadalcacín y Nueva Jarilla que protestan por la orden de Urbanismo que quiere restaurar los terrenos y eliminar las edificaciones de las 108 parcelas que ocupan más de cinco hectáreas en un suelo no urbanizable (rústico) de especial protección. “Después de engañados y estafados nos lo quieren quitar”, “por confiar en un notario aquí nos vemos”, se puede leer en las pancartas que portan durante la protesta, que se traslada a la puerta del Ayuntamiento.

Antonio compró en 2016 una parcela de unos 400 metros cuadrados que, con el tiempo, ha ido adecentando. Una pequeña casa prefabricada, un huerto y más de una veintena de árboles tiene en los terrenos. Ahora el Ayuntamiento de Jerez quiere que se restauren y se eliminen estas edificaciones, ya que se encuentran en suelo rústico, fruto de una parcelación ilegal realizada por el anterior propietario de la finca. Antonio Fernández es ahora el administrador único de Haza Larga SL, la sociedad que administra los terrenos.

La empresa, creada a finales de 2016, y cuyo fin social es la “producción agrícola combinada con la producción ganadera”, cuenta con un capital social de más de 120.000 euros. Su actual administrador único cuenta a lavozdelsur.es que el anterior propietario, quien les vendió las parcelas, “se ha quitado de en medio”, logrando un beneficio cercano a los dos millones de euros, calcula.

Un momento de la protesta realizada en la puerta del Ayuntamiento. FOTO: MANU GARCÍA

“Urbanismo lo sabía desde el minuto uno, ¿por qué no lo ha parado antes?”, se pregunta Fernández. El teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, responde en un comunicado que “estamos ante un caso de parcelación ilegal, un delito urbanístico de extrema gravedad y nuestro deber como administración es restablecer la legalidad urbanística”. “Lamentamos su situación, pero el Ayuntamiento está obligado a hacer cumplir la legalidad, como también indican la Junta de Andalucía y el Seprona, y no hay más solución que la demolición”, añade Díaz.

“Pedimos que nos dejen nuestras parcelas, que paguemos las sanciones que tengamos que pagar, por supuesto, pero que cojan al que lo ha hecho, que ha estafado dos millones de euros”, apunta Antonio Fernández. El coste de las parcelas, según los metros cuadrados que ocupan, oscila entre los 10.000 y los 14.000 euros, aproximadamente. El administrador único de Haza Larga SL señala que “Urbanismo sabía de primera mano que se estaban haciendo parcelaciones”, y calcula que puede haber “unos cuatro millones de euros invertidos”, entre el importe de las compras, las casas prefabricadas —de madera o chapa— y pequeñas inversiones que han realizado los parcelistas en sus huertos. “Hay más de“Que vayan contra el que nos vendió las parcelas, ¿nosotros qué culpa tenemos?”,que hemos pagado nosotros”, señala Fernández, “nos hemos gastado más de 15.000 euros”.

El Ayuntamiento, a través del teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, se reunió hace unas semanas con los afectados, a los que informó de las medidas iniciadas por para el restablecimiento del orden urbanístico, entre las que figuran gestiones para los cortes de suministro eléctrico y de agua y la filiación de los distintos parcelistas, algo que no contenta a los propietarios, que se sienten estafados. El Consistorio ha comunicado los hechos al Ministerio Fiscal y al Registro de la Propiedad para que tengan conocimiento de la incoación de los expedientes. Entre las propuestas, señala el Ayuntamiento, estaba la posibilidad de aplicar como atenuante la colaboración de los propietarios en la restitución del orden urbanístico infringido.

Un afectado muestra una pancarta durante la protesta. FOTO: MANU GARCÍA

“Que vayan contra el que nos vendió las parcelas, ¿nosotros qué culpa tenemos?”, expone Antonio Fernández, quien añade que “la notaría ha firmado cosas que no debería haber firmado”. “Han hecho una barbaridad con todos nosotros”, agrega. Los afectados han presentado una denuncia contra los anteriores propietarios de la finca, después de que hace unos meses les llegaran las primeras notificaciones que les informaban de que tenían que desmontar las parcelas y dejarlas como se las encontraron. “Nos haremos cargo de lo que está dentro de nuestras parcelas, pero el vallado, las dos puertas automáticas, el cerramiento del perímetro o la instalación eléctrica son cosas que hizo el anterior dueño, que lo pague él”, señala Fernández.

Un matrimonio que secunda la manifestación, que ha invertido más de 10.000 euros, no entiende que ahora Urbanismo les haga desalojar los terrenos. “No hemos edificado nada, tenemos 100 metros de huerto, un trozo con césped natural y unos 20 árboles”, enumera. “Un notario nos ha cobrado 108 parcelistas, Urbanismo lo sabía, permitieron que compráramos y cuando lo compramos nos dicen esto”, señala una señora que prefiere no dar su nombre.

“Hay personas jóvenes que han pedido un préstamo y yo soy jubilado que he invertido mis ahorros”, agrega su marido. “Aquello es un vergel, hemos sembrado árboles por las calles y está muy bien”, señala. Un joven que forma parte del centenar de afectados cuenta que ha invertido 12.000 euros de sus ahorros en una parcela. “Me ha salido el tiro por la culata porque me veo sin nada”, comenta. “Nos la han jugado”, dice. Y añade: “Sé que un familiar del que vendió la parcela trabaja en Urbanismo. hasta ahí te puedo decir, hay algo raro ahí”.

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