A partir del 1 de enero de 2026, Hacienda recibirá una cantidad mucho mayor de información sobre las cuentas bancarias y las operaciones de pago que se realicen en España. Esta obligación forma parte del Real Decreto 253/2025, publicado en el BOE en abril, que actualiza el Reglamento General de actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria. El objetivo es adaptar el control fiscal al uso masivo de medios de pago electrónicos y reforzar la capacidad de la Agencia Tributaria para detectar posibles irregularidades.
La normativa afectará tanto a la información que deben remitir los bancos como a la que deberán proporcionar las entidades de pago, las empresas que operan TPV y las emisoras de tarjetas. No obstante, no todas las operaciones se verán sometidas al mismo nivel de supervisión, ni todos los contribuyentes notarán el impacto de igual manera, según se desprende del texto legal.
Informes mensuales de las entidades bancarias
Uno de los cambios más significativos llegará con la obligación de que las entidades bancarias informen mensualmente de todas las operaciones realizadas a través de Bizum, sin importar el importe. Esto supone un salto notable en el volumen de datos que Hacienda recibirá de manera sistemática, ampliando así su capacidad de seguimiento sobre un método de pago ampliamente extendido.
Asimismo, la medida afectará a los movimientos efectuados con tarjetas físicas por parte de empresas y profesionales, lo que permitirá un mayor control sobre los pagos digitales que se realizan en el desarrollo de su actividad. Las autoridades consideran que esta supervisión adicional permitirá ajustar mejor la trazabilidad de los cobros y pagos en un entorno cada vez más digitalizado.
El Real Decreto establece que bancos y plataformas deberán reportar sin límites el conjunto de las transacciones digitales, sin umbrales mínimos. Independientemente de su cuantía, cada pago deberá quedar registrado y ser comunicado a Hacienda, reformulando por completo las obligaciones de información que hasta ahora tenían las entidades financieras.
Según las estimaciones del sector, los autónomos podrían situarse entre los más afectados por estas nuevas obligaciones, ya que cada vez es más habitual ofrecer pagos mediante Bizum o recibir pequeñas transacciones por tarjeta. Solo el año pasado se realizaron alrededor de 58 millones de transferencias comerciales a través de esta plataforma, una cifra que refleja la magnitud del fenómeno y que explica el interés de Hacienda por reforzar su control.