A igualdad de funciones y responsabilidades, igual salario. Esto, además de ser un dicho extendido, también es lo que dice la ley. También es cierto que no siempre se cumple. La situación se agrava si quien hace caso omiso de estas circunstancias es un organismo público. El colmo es que se trate del Ministerio de Trabajo y que, precisamente, afecte a inspectores de trabajo.
Esto le ha ocurrido a una inspectora de trabajo durante uno de sus destinos. El departamento de Recursos Humanos del Ministerio que dirige Yolanda Díaz no le reconocía el nivel 27 en su categoría profesional a pesar de que realizaba las mismas funciones que aquellos compañeros que sí lo tenían reconocido. Por ende, el salario que percibía mensualmente era menor. Hace unos meses, el Tribunal Supremio emitió una sentencia el pasado mes de noviembre en la que le daba la razón al recurso de casación presentado por dicha inspectora. Fuentes sindicales apuntan, no obstante, que el Ministerio de Trabajo aún no ha aplicado el fallo del Supremo.
La afectada fue nombrada en 2017 como funcionaria del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. "Dicha plaza figuraba según la relación de puestos de trabajo con un nivel 26 de complemento de destino. Sin embargo, en esa plaza la ahora recurrente desempeñaba las mismas funciones y con las mismas responsabilidades de sus compañeros que desempeñan plazas de nivel 27", señala el juez entre los fundamentos de derecho de una sentencia emitida el pasado mes de noviembre.
La afectaba demandaba que"tal diferencia de trato vulnera su derecho fundamental a la igualdad dentro de la función pública al dispensársele un trato distinto para situaciones sustancialmente idénticas, trato distinto que no responde a ningún criterio razonable y proporcional". En primera instancia se desestimó la reasignación de ese nivel 27. Sin embargo, este recurso encontró la oposición de la Abogacía del Estadom que alegaba que "no existe un derecho adquirido del funcionario a ocuparse solo de las tareas específicas asignadas a su puesto de trabajo".
En este sentido, el Supremo se basa en la jurisprudencia existente para señalar en este caso sucedido en las Islas Baleares (aunque la afectada está destinada actualmente en Cádiz que se concluye que "el desempeño de un puesto de trabajo que, realmente, implica las funciones y la asunción de responsabilidades de puestos con un nivel superior y así se declara a efectos económicos, tal desempeño debe computar también a efectos de consolidación de grado".
Por todo lo expuesto, la sentencia termina estimando parcialmente el recurso de esta inspectora y obliga al Ministerio a que se le computen los servicios prestados desde 2017 "a los efectos de consolidación del grado personal 27". Uno de los ochos sindicatos con representación en la Inspección de Trabajo expresa a lavozdelsur.es que "no se entiende que exista la desigualdad salarial. A igual trabajo, igual salario". Menos aún si hablamos del departamento que se encarga de velar para que se cumpla la legislación laboral en todo el país.
Reivindicaciones en la Inspección de Trabajo
Este es un caso puntual dentro del Ministerio que dirige Yolanda Díaz, sin embargo, las protestas por las condiciones laborales que existen en la Inspección de Trabajo vienen ocurriendo desde el pasado mes de diciembre. Los sindicatos se han unido después de varios años de dispersión para hacer frente a las promesas incumplidas y forzar a la propia ministra de Trabajo a negociar. Ya se han llevado a cabo dos jornadas de huelga y en este mes de febrero está prevista una tercera.
Las movilizaciones comenzaron por el incumplimientos de un acuerdo firmado en julio de 2021, cuentan fuentes sindicales de la negociación. Antes, Yolanda Díaz accedió a un proceso de negociación porque, según estas mismas fuentes, el déficit se arrastraba desde varios años atrás.
Una de las últimas respuestas que han recibido los afectados es que la culpa es del Ministerio de Hacienda y Función Pública que dirige la socialista María Jesús Montero. Desde trabajo transmiten que el otro ala del Gobierno tiene bloqueada la situación.