El Gobierno ha concedido la nacionalidad española a más de 288.000 descendientes de exiliados, en el marco de la Ley de Memoria Democrática. Esta legislación, en vigor desde octubre de 2022, contempla un apartado específico para la recuperación de la nacionalidad, cuyo plazo de vigencia expira en octubre de 2025 tras haber sido prorrogado un año más.
Así lo ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que presentó el balance anual de la actividad consular. El titular de Exteriores indicó que, hasta finales de 2024, los consulados repartidos por todo el mundo habían tramitado 609.000 solicitudes relacionadas con esta medida.
Del total de solicitudes recibidas, 288.000 ya han sido aprobadas y 180.000 figuran inscritas en el Registro Civil. Aunque no se ofrecieron datos desglosados por países, desde el Ministerio se ha señalado en anteriores ocasiones que la mayoría de las peticiones provienen de países iberoamericanos, especialmente Argentina, México y Cuba, donde residen amplias comunidades de descendientes de españoles.
Lo que dice la ley
La ley ofrece la posibilidad de adquirir la nacionalidad a los nacidos fuera de España cuyos padres o abuelos hubieran sido originariamente españoles y que perdieron o renunciaron a esa condición como consecuencia del exilio motivado por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual. Esta disposición busca reparar la situación de quienes se vieron obligados a abandonar el país durante el siglo XX.
Asimismo, contempla el acceso a la nacionalidad para los hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al contraer matrimonio con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. También incluye a los hijos mayores de edad de quienes hayan recuperado su nacionalidad de origen en virtud de esta ley o de la Ley de Memoria Histórica de 2007.
El Gobierno decidió en julio de 2024 extender el plazo de solicitud por un año adicional, como permite la normativa. Esta prórroga ha sido clave para facilitar el acceso a más beneficiarios en un proceso que ha movilizado de forma significativa a la red consular española en el exterior.