El Gobierno ha revisado su propuesta salarial para los empleados públicos y ha planteado un incremento del 11 % entre 2025 y 2028, tras el rechazo sindical a la oferta del 10 % presentada el día anterior. Los sindicatos habían considerado que el reparto previsto dejaba la mayor parte del aumento para el final del periodo y no garantizaba la recuperación del poder adquisitivo perdido.
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública retomó este jueves las negociaciones con CCOO, UGT y CSIF para intentar cerrar un nuevo acuerdo salarial y de empleo que sustituya al que venció en 2024. La propuesta mantiene que el alza máxima para 2025 y 2026 será del 4 %, lo que sigue generando recelos entre las organizaciones, aunque estas se muestran dispuestas a seguir analizando el planteamiento en un marco más amplio.
Según trasladó CSIF, la Secretaría de Estado de Función Pública les indicó que no existe una alternativa a esta oferta e instó a las centrales a definir una posición común de cara a la nueva reunión convocada para el lunes. El sindicato ha valorado positivamente el punto adicional incorporado respecto al planteamiento del miércoles, pero insiste en que es necesario reforzar las garantías sobre las subidas previstas para los dos primeros años del acuerdo.
CCOO ha señalado que es momento de estudiar con detalle la propuesta con el objetivo de desbloquear la situación salarial del personal público, aunque ha advertido de que un acuerdo exige avanzar en asuntos como la recuperación de la jubilación parcial, la implantación de la jornada de 35 horas y la actualización de la clasificación profesional. UGT, por su parte, considera que la oferta podría resultar aceptable si se acompaña de mejoras en aspectos como la promoción interna o la eliminación de la tasa de reposición.
CSIF advierte con movilizaciones
UGT sostiene además que el reparto de la subida debe concentrarse en 2027 para garantizar una recuperación más rápida, especialmente si el tope del 4 % en 2025 y 2026 se mantiene. El sindicato calcula que, con este límite, el aumento del tercer año tendría que alcanzar el 5 % para que los empleados públicos acumulen un 9 % de mejora salarial al inicio de 2027.
CSIF ha advertido de que, si el Gobierno no modifica su enfoque respecto a los primeros ejercicios del acuerdo, el conflicto podría reactivarse y volver a las calles. El sindicato cifra en 222.000 millones de euros el coste total de la propuesta, que incluye un punto adicional respecto a la oferta previa. Las centrales ya habían rechazado la formulación inicial y CCOO llegó a plantear la posibilidad de una huelga general en diciembre si no se presentaba un plan más ambicioso, después de que en la primera reunión el Ejecutivo propusiera un aumento para 2026-2028 compuesto por tramos fijos y variables para evitar pérdidas de poder adquisitivo, mientras los sindicatos reclamaban un incremento diferenciado para 2025.