El Gobierno presentará en el próximo consejo de ministros un decreto ley que busca equiparar las indemnizaciones para las víctimas del terrorismo de Estado con las que reciben el resto de personas afectadas por esta forma de violencia extrema, según anunció este viernes la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
La vicepresidenta realizó estas declaraciones antes de participar en una reunión con representantes del sector agrario en Sevilla. Montero confirmó lo que había adelantado ayer en la sesión de control a la Junta de Andalucía, a través de la portavoz parlamentaria María Márquez, sobre la intención de dar respuesta a la familia de Manuel José García Caparrós, fallecido en 1977 tras recibir disparos de la Policía durante una manifestación por la autonomía andaluza en Málaga.
"Lo que vamos a hacer es impulsar un decreto ley con carácter urgente que permita recuperar las indemnizaciones que existían en la ley de memoria democrática antes de la nueva ley, y que se asimilarán, serán las mismas, que las que se dan a las víctimas del terrorismo", explicó Montero, quien también es secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la presidencia de la Junta.
Disculpas del Gobierno
La vicepresidenta reconoció haber llamado a la familia de García Caparrós para transmitirles las disculpas del Gobierno por la carta que recibieron, considerada "eminentemente técnica", tras su solicitud de reconocimiento como víctima del terrorismo de Estado. Esta petición fue rechazada por el Ministerio del Interior debido a la interpretación de la normativa vigente, que data de 2011.
Sin embargo, Montero aseguró que el Ejecutivo ha logrado identificar "la fórmula más adecuada de dar una respuesta justa, necesaria, y yo diría que obligatoria al reconocimiento y a la dignidad de la figura de García Caparrós". La vicepresidenta destacó que su caso simboliza la "dignidad del pueblo andaluz".
"Se tenía que reconocer y lo haremos a través de este cambio legislativo", afirmó la titular de la Vicepresidencia, subrayando la intención del Gobierno de garantizar el mismo trato que reciben otras víctimas de terrorismo en España.