El Ministerio del Interior ha rechazado reconocer a Manuel Jesús García Caparrós como víctima del terrorismo de Estado. El joven malagueño, militante de Comisiones Obreras, tenía 18 años cuando murió por un disparo de la Policía Armada durante la manifestación por la autonomía plena andaluza celebrada el 4 de diciembre de 1977. La decisión, adelantada por elDiario.es y confirmada por lavozdelsur.es, se comunica en una carta oficial dirigida a sus hermanas Dolores, Francisca y Purificación. Las tres protagonizarán este viernes una rueda de prensa frente al Ayuntamiento de Málaga para anunciar nuevos pasos.
En la misiva, firmada por la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Montserrat Torija, se admite que "lamentablemente (…) un miembro de la policía armada disparó contra D. Manuel José García Caparrós causándole la muerte". No obstante, la resolución concluye que los hechos “no tienen encaje en el ámbito de aplicación de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo de 2011”.
El documento califica lo ocurrido como hechos de "gravedad extrema" y "execrables", pero sostiene que el "cometido principal de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado es la protección de los ciudadanos y el libre ejercicio de sus derechos", lo que implica que los agentes actuaban en el ejercicio de sus funciones. El reconocimiento como víctima del terrorismo habría equiparado su caso al de las víctimas de organizaciones armadas no estatales o paraestatales y le habría otorgado prestaciones económicas, asistencia jurídica y beneficios fiscales.
La familia dispone ahora de un mes para presentar un recurso de alzada en vía administrativa. Su petición cuenta con el respaldo formal de todos los grupos del Parlamento andaluz salvo Vox. García Caparrós fue declarado Hijo Predilecto de Andalucía a título póstumo, y su muerte, ocurrida mientras cerca de un millón de personas se manifestaban por la autonomía, es recordada cada año por fuerzas políticas de izquierdas "como el primer episodio del proceso autonomista".
Dos décadas de la primera solicitud
La resolución llega pocos días antes del 28 de febrero, Día de Andalucía, que conmemora el autogobierno consolidado en el Estatuto de 1981. El caso ha vuelto al debate público tras la reciente consulta del expediente desclasificado del asesinato en el Congreso, al que las hermanas accedieron el pasado noviembre después de que la Mesa de la Cámara autorizara su revisión "sin anonimizar".
La solicitud de reconocimiento como víctima del terrorismo se presentó por primera vez en 2007 y fue reactivada en diciembre. Interior admite que la recopilación de información "se ha demorado" y ofrece "disculpas por la demora", pero sostiene que la ley exige sentencia firme o diligencias judiciales abiertas, requisitos que "no concurren". Ningún responsable fue procesado. La negativa vuelve a cerrar la puerta a medidas de reparación para las víctimas mortales de la represión, estimadas en unas 200 entre 1975 y 1982.