El Ministerio de Cultura ha dado este martes 14 de abril el paso más decisivo hasta la fecha en su ofensiva contra los vestigios institucionales del franquismo. El ministro Ernest Urtasun, como ha comunicado en rueda de prensa esta tarde, ha firmado la resolución que servirá de fundamento jurídico para que la Abogacía del Estado inste ante la justicia la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco. Con este acto se culmina un proceso administrativo de casi dos años impulsado por el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Cultura, el órgano estatal encargado de velar por la legalidad de las fundaciones y de solicitar su cierre cuando incumplen la ley.
La decisión se ampara en la Disposición Adicional 5ª de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que establece que una fundación incurre en causa de extinción cuando no persigue fines de interés general o realiza actividades contrarias al mismo. La norma considera expresamente contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado o la dictadura, enaltezca a sus dirigentes con menosprecio hacia las víctimas, o incite al odio o la violencia contra ellas.
Un expediente construido sobre cinco informes y testimonios de víctimas
El proceso se inició en junio de 2024, cuando el Ministerio de Cultura, ante indicios de incumplimiento de la legislación vigente, solicitó a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática un informe sobre la posible causa de extinción de la fundación. Dicho informe llegó en mayo de 2025 acompañado de cuatro documentos adicionales: un informe de la Abogacía General del Estado, otro de un experto en Derecho Constitucional, un análisis de los contenidos de la web y la representación mediática de la fundación, y un compendio de testimonios de víctimas del franquismo en relación con las actividades de esta entidad.
De toda esa documentación se extraen conclusiones contundentes. Los informes determinan que la Fundación Nacional Francisco Franco no solo no persigue fines de interés general —tal como exige la legislación vigente—, sino que realiza actividades directamente contrarias a ese principio: hace apología del franquismo, ensalza el golpe de Estado de 1936 y la dictadura, y enaltece a sus dirigentes, en particular a Francisco Franco, con menosprecio y humillación hacia las víctimas del conflicto y la represión posterior.
Negacionismo sobre Guernica, los niños robados y la toma de Badajoz
El informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática es especialmente explícito al analizar los contenidos de la web oficial de la fundación. Según el documento, "se corrobora que en la web oficial de la Fundación Nacional Francisco Franco la actividad de glorificación se articula principalmente a través de comunicados institucionales, que en un alto porcentaje homenajean tanto a la familia Franco como a símbolos del régimen. (…) Este conjunto de titulares pone de manifiesto la coherencia temática de la web: un relato unificado que mezcla memoria familiar, nacionalismo festivo y mitificación bélica para exaltar la dictadura y banalizar toda crítica".
El mismo informe también señala que "se advierte menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas por la vía del negacionismo de la represión en materias extremadamente sensibles como la toma de Badajoz por los rebeldes, la destrucción de Guernica, los niños robados, la construcción del Valle de Cuelgamuros y, en general, toda la política represiva de la dictadura. (…) evidencian una estrategia deliberada de la Fundación Nacional Francisco Franco para ridiculizar y deslegitimar a las víctimas de la represión franquista, articulándolo a través de lenguaje agresivo, negacionismo y traslaciones de culpa". Tras recibir la propuesta de resolución —notificada a la fundación en octubre pasado—, la entidad presentó sus alegaciones durante el período obligatorio establecido. Tomando en cuenta esas alegaciones y toda la documentación acumulada, se solicitó un informe final a la Abogacía del Estado, que concluyó que la resolución firmada hoy por Urtasun es conforme a derecho y constituye el último trámite administrativo antes de trasladar el caso a los tribunales. Será ahora la autoridad judicial quien tenga la última palabra sobre la extinción de la fundación.
Urtasun ha sido rotundo en sus declaraciones: "Vamos a enviar al juez un expediente sólido, que demuestra que la Fundación Nacional Francisco Franco debe ser cerrada por ir contra el interés general y por humillar a las víctimas". Y ha añadido que "en una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura. Hoy el Gobierno de España lanza un mensaje importante: que en España la democracia se defiende también en el terreno de la memoria".
La Fundación Francisco Franco no es, sin embargo, la única en el punto de mira del Gobierno. En noviembre de 2025, el propio Urtasun anunció que se estaban analizando los indicios necesarios para iniciar procedimientos de extinción similares contra otras cuatro fundaciones vinculadas al franquismo: la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano. El Ministerio ya ha solicitado los informes pertinentes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y el procedimiento que se seguirá será idéntico al aplicado con la Fundación Francisco Franco.
En paralelo a todo este proceso, el Gobierno también ha emprendido acciones para recuperar el archivo histórico en poder de la fundación. En noviembre de 2025, el Ministerio de Cultura instó a la Abogacía del Estado a iniciar la reclamación judicial de los casi 30.000 documentos que obran en su posesión, tras determinar mediante informes técnicos que se trata de documentación de carácter público. En concreto, se analizaron 27.620 documentos digitalizados o descritos, concluyéndose que proceden del despacho y las dependencias del que fue jefe del Estado y fueron producidos por su Casa Civil y su Secretaría. Por esa razón, el Ministerio entiende que deben ser restituidos al Estado y conservados en un archivo público, en cumplimiento de la Ley del Patrimonio Histórico Español.