El Gobierno dice que incluyó por "error" una tasa de 250 euros para quienes denuncien abusos de la banca

El Ministerio de Asuntos Económicos comunica, tras el revuelo generado, que "detectado el fallo, se informará del mismo a los órganos consultivos a los que se envió el proyecto de Ley para que lo tengan en cuenta".

Una clienta espera en la puerta de una sucursal de banca, en Jerez, en una imagen de archivo.
Una clienta espera en la puerta de una sucursal de banca, en Jerez, en una imagen de archivo.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha comunicado a Facua-Consumidores en Acción que se incluyó "por error" en el articulado del anteproyecto de ley de creación de la autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero que la tasa de 250 euros por reclamar irregularidades de la banca la paguen los usuarios.

Así, el departamento dirigido por Nadia Calviño señala en su comunicación a la asociación que "los servicios a los usuarios son gratuitos". "Es cierto que en el articulado de la norma se recoge por error que la tasa la pagan las entidades financieras y los clientes, si bien os informamos oficialmente de que se trata de un error, como se constata en la exposición de motivos del [ante]proyecto de Ley", continúa. Desde Economía han confirmado que dicha tasa la pagarán únicamente las entidades financieras objeto de las reclamaciones.

"Detectado el fallo", añade, "se informará del mismo a los órganos consultivos a los que se envió el proyecto de Ley para que lo tengan en cuenta". Facua había denunciado que la disposición adicional primera del mencionado anteproyecto recogía como "sujetos pasivos" de la tasa "a las entidades financieras" y a "los clientes", lo que podía suponer un grave obstáculo para aquellos usuarios reclamen, ya que hubieran tenido que hacer frente a una cantidad adicional sólo para poder defender sus derechos.

Ahora, el Ministerio de Asuntos Económicos ha confirmado que se eliminará a los clientes de dicho articulado y que la tasa de 250 euros sólo deberán pagarla las entidades financieras. Facua, en sus alegaciones al anteproyecto de ley, también había recogido otra serie de propuestas y medidas del texto que consideraba inadecuadas.

Entre ellas, el plazo máximo de un año para reclamar ante la Autoridad Independiente, el hecho de que sólo sean vinculantes las resoluciones por cuestiones económicas de menos de 20.000 euros, y que se pueda sancionar a los usuarios si interponen una reclamación en las que se aprecie "temeridad" o "mala fe".

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