El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 mantiene bajo vigilancia a los comercios que rechazan el pago en efectivo, una práctica que la normativa vigente únicamente permite limitar en operaciones que superan los umbrales fijados para prevenir el fraude fiscal. La cartera dirigida por Pablo Bustinduy continúa imponiendo sanciones en distintos casos en los últimos años.
Según ha adelantado El Mundo a partir de una resolución del Portal de Transparencia, el rechazo al efectivo ya viene derivando en multas. En 2024, Consumo está cerrando tres expedientes por este motivo, además de otros cinco en los que la infracción se acompaña de cláusulas abusivas o prácticas comerciales desleales. En lo que va de 2025, se dictan dos sanciones adicionales por la misma causa, junto con otras impuestas por deficiencias en la atención al cliente o por falta de transparencia.
La legislación establece que todos los negocios tienen la obligación de aceptar pagos en metálico, salvo que se superen los límites previstos contra el fraude fiscal. Las sanciones por incumplir esta norma se sitúan entre 150 y 10.000 euros en casos leves y pueden alcanzar hasta 100.000 euros en supuestos graves.
La mayoría ya prefiere pagar con tarjetas
El avance de los métodos digitales tras la pandemia impulsa que algunos establecimientos consideren obsoleta esta obligación. Sin embargo, las estadísticas del Banco de España muestran un crecimiento constante de los pagos con tarjeta y otros instrumentos distintos del efectivo. Solo en el segundo semestre de 2024, el número de operaciones aumenta un 10,5% respecto al mismo periodo del año anterior, con más de 6.000 millones de transacciones con tarjeta. En paralelo, el número de cajeros desciende un 1,6%.
Aunque solo un 20% de los españoles mantiene el efectivo como opción preferida, frente a porcentajes mucho menores en países como Reino Unido o Portugal, las asociaciones de consumidores continúan denunciando trabas para utilizar billetes y monedas. La Plataforma Denaria, la más activa en este ámbito, acumula recientemente 94 quejas contra entidades que no admiten este medio de pago, casi la mitad dirigidas contra administraciones públicas.