A través de bots informáticos, un entramado delictivo bloqueaba el sistema citas online de extranjería para así colapsarlo y cobrar, a las personas interesadas en obtener una cita, entre 30 y 200 euros. Hasta 94 personas ha identificado la Policía Nacional, que están presuntamente involucradas en la organización criminal, 69 de las cuales han sido arrestadas y otras 25 están siendo investigadas.
Los detenidos residen en diferentes ciudades de todo el país, como Madrid, Albacete, Alicante, Almería, Badajoz, Barcelona, Vizcaya, Burgos, Cádiz, Córdoba, Baleares, Marbella, Murcia, Tarragona, Tenerife, Toledo y Valencia. Los arrestados son considerados presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y daños informáticos. Asimismo, hay un total de 25 investigados no detenidos en las provincias de Madrid y Cádiz.
Gracias a un informe de agentes especializados en ciberdelincuencia se permitió desbloquear una serie de investigaciones, llevadas a cabo por varias Brigadas Provinciales de Extranjería de España, relacionadas con los problemas existentes para acceder al sistema de petición de cita previa por parte de los ciudadanos extranjeros que se encuentran en España.
Las pesquisas policiales condujeron hasta una red criminal que utilizaba un bot informático, basado en la realización de tareas repetitivas, predefinidas y automatizadas, con el que obtenían la práctica totalidad de las citas personales disponibles, imprescindibles para presentar trámites obligatorios de extranjería en todo el territorio nacional. Como consecuencia, el sistema quedaba inaccesible para los usuarios, interrumpiendo de esta manera el normal acceso a un servicio público gratuito prestado por la Policía Nacional como cuerpo policial competente en exclusiva para la realización de trámites de extranjería en todo el país.
El bot informático desarrollado por la red criminal tenía la capacidad de evitar los mecanismos de seguridad instalados en la página web destinada a la solicitud de citas online, siendo capaz de librar los llamados “captcha” dirigidos a detectar la presencia de este tipo de programas informáticos. Los líderes de la organización, instruían a los intermediarios sobre la utilización de una conexión VPN (Red Privada Virtual), cuya finalidad era la ocultación de la dirección IP real del intermediario y la posibilidad de acceder a un mayor número de citas ya que, este sistema, cambiaba la dirección IP de manera automática evitando que el servidor bloqueara al intermediario por exceso de solicitudes de cita previa.
En una primera fase de la investigación se realizaron distintas tomas de declaración, análisis económico-patrimoniales de sociedades y otras indagaciones que concluyeron con una primera operación policial en la que se practicaron cuatro entradas y registros. Los investigadores detuvieron a los cuatro principales integrantes de la organización en Barcelona y Valencia e intervinieron gran cantidad de efectos informáticos, diversa documentación y un total de 206.950 euros en efectivo.
Tras estos primeros arrestos se llevó a cabo una investigación económica en torno a los principales investigados, así como de la empresa utilizada para suministrar servicios de alquiler del bot para la venta de citas de extranjería. Además, se llevó a cabo un análisis de la documentación intervenida en los registros y otras pesquisas que permitieron detectar de la existencia de un grupo de personas que actuaban como intermediarios, en connivencia con los principales investigados que habían sido detenidos.
La investigación también permitió localizar una serie de contratos mercantiles entre los intermediarios y los principales investigados para la prestación de servicios de bots online. A través de este documento reconocían que actuaban sobre el bot como responsables del fichero y como propietarios de este recurso digital. Tras el estudio económico, se pudo comprobar que todas las transacciones estaban mencionadas en su concepto como “alquiler robot”. Incluso, se supo que los intermediarios habían recibido grandes cantidades de dinero en concepto de ingresos por la venta de citas de extranjería, provenientes de personas que pretendían solicitar asilo, a las que no quedaba otra opción que la de recurrir a pagar por conseguir una cita que, en circunstancias normales, es gratuita.
Los intermediarios, abogados, gestores, asesores y otros conseguidores con los que trabajaba la referida empresa, eran conocedores y conscientes de la existencia de un daño informático contra la web oficial de citas y del correspondiente perjuicio que causaban a los extranjeros que, en muchas ocasiones, se encontraban en una situación de gran vulnerabilidad y desesperación.
En una segunda fase, desarrollada en las provincias de Alicante y de Cáceres, se identificó a dos personas responsables de la obtención masiva de citas que llevaban a cabo sus actividades mediante una empresa. Tras realizarse la entrada y registro en un domicilio de la provincia de Alicante, se intervino un ordenador que se encontraba encendido donde se encontraban, entre otras, varias ventanas de navegador abiertas conectadas a la página de citas de la sede electrónica, en el inicio de la solicitud de trámites de extranjería. En otra ventana había una hoja de cálculo que se modificaba de forma automática o remota.