El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha decidido suspender de forma cautelar las licencias a viviendas de uso turístico. Las mismas quedarán congeladas mientras que se redacta la nueva normativa que las regule.
De esta forma, desde el Consistorio liderado por el popular Germán Beardo, se intenta evitar la proliferación de este fenómeno que está afectando de manera considerable a otras ciudades.
Aunque el Puerto no es de los municipios turísticos de la provincia con más viviendas para tal efecto, desde el Ayuntamiento portuense han querido poner la venda antes de que este asunto se convierta en un problema.
A día de hoy, en El Puerto hay un total de 1.660 viviendas turísticas, lo que supone el 3,49% del total. Conil lidera la tasa de viviendas turísticas en la provincia de Cádiz con 2.493 inmuebles, lo que equivale a un 17,15%.
Con la redacción de una nueva norma se tratará de regular la vigilancia para perseguir a las viviendas que no están declaradas o que incumplan las normas básicas de convivencia. La concejala de Turismo, Olga de Navas, ha señalado al respecto que las viendas que no están de alta en el Registro de Turismo de Andalucía no pueden ofrecerse en portales especializados en alquiler vacacional, al no contar con número de registro, y sus propietarios pueden ser sancionados con hasta 18.000 euros al ser una falta grave, o, en caso de ser reincidente, con hasta 150.000 euros.
Con la ordenanza llegará un plan de choque con inspecciones y sanciones que desactiven las viviendas irregulares, así como la creación de un registro público de apartamentos con el certificado de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento y la aprobación de una ordenanza que regule este tipo de alojamientos, con licencias limitadas en el número y en el tiempo, con topes de carga turística, según el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de El Puerto, por tanto, aunará esfuerzos con la Junta de Andalucía a través de la firma de un convenio y la creación de una comisión de seguimiento conjunta para velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos para ejercer la actividad y advertir la detección de aquellos prestadores que ejerzan la misma incumpliendo la legalidad urbanística o sin la necesaria habilitación legal, actuando en el mercado sin ningún control de la actividad.