Francisco de Borbón ha abonado este viernes la fianza de 50.000 euros impuesta por la Audiencia Nacional para quedar en libertad provisional y ha negado cualquier relación con la presunta trama vinculada al exinspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Óscar Sánchez, a quien se le hallaron más de 20 millones de euros en efectivo ocultos en su domicilio.
A través de un comunicado, Borbón se ha desvinculado de “actividades ilícitas de cualquier tipo”, ha defendido la “integridad de su actuación” y ha rechazado “cualquier insinuación en sentido contrario”, insistiendo en que no participó en los hechos que se investigan.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el investigado ha consignado la fianza exigida por el juez, quien además le ha retirado el pasaporte, le ha prohibido salir de España y le ha impuesto la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado.
Borbón, hijo del duque de Sevilla, había sido señalado por los investigadores como uno de los presuntos responsables de la “operativa de lavado de capitales” del dinero procedente del tráfico de cocaína que la organización criminal habría introducido en España.
El papel que atribuyen los investigadores y la respuesta de Borbón
Según la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Borbón habría actuado como gestor de varias entidades bancarias supuestamente implicadas y habría tenido “capacidad de disposición de los fondos millonarios” que la organización obtenía con el tráfico de droga.
Sin embargo, el comunicado difundido por su defensa sostiene que las entidades citadas en el último oficio policial “nunca han contado con licencia bancaria para operar en ningún país”, lo que, según Borbón, hace imposible que hayan desarrollado actividad bancaria alguna.
En este sentido, el investigado ha insistido en que “no tuvo vinculación ni participación alguna” con BE Bank, ET Bank ni VXL Bank, negando de forma tajante cualquier relación con estas sociedades.
Defensa de su colaboración con la Justicia
El comunicado subraya además que Borbón “ha prestado plena y absoluta colaboración con las autoridades competentes”, aportando toda la información de la que dispone para facilitar el esclarecimiento de los hechos.
“Dicha colaboración se ha desarrollado en todo momento desde el máximo respeto al marco legal vigente y con plena confianza en que el procedimiento se llevará a cabo con el rigor, la objetividad y las garantías propias del Estado de derecho”, añade la nota.
El texto también se refiere a ET Finntech, a la que define como una empresa de desarrollo de software y no de criptomoneda. En este punto, recuerda que operar en sectores regulados como la banca o los servicios de criptomonedas requiere una licencia específica, fácilmente verificable en los registros oficiales.
“Sin dicha autorización, ninguna empresa puede funcionar en ese ámbito regulado”, sostiene el comunicado, que recalca que esta entidad no contaba con licencia ni tenía intención de obtenerla, porque “no estaba concebida para ese fin”.
El mayor alijo de cocaína en España y la investigación en la Audiencia Nacional
La causa está siendo instruida por el juez Francisco de Jorge, que investiga una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína en la que el exjefe de la UDEF habría tenido un papel principal.
La investigación se aceleró tras el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el Puerto de Algeciras en octubre de 2024, una operación llevada a cabo por la Policía y la Agencia Tributaria, considerada el mayor alijo incautado en España y el segundo en Europa.
En uno de los últimos oficios incorporados a la causa, se detalla que Óscar Sánchez habría estado implicado en la introducción de al menos 39 contenedores, con unas 73 toneladas de cocaína, por los que Ignacio Torán habría pagado al agente más de 32 millones de euros.
Precisamente este viernes, Torán ha sido detenido en la Audiencia Nacional tras ser citado a declarar como investigado. El lunes se celebrará una vista en la que el juez decidirá si decreta o no su prisión provisional, después de que haya rechazado declarar.
La Fiscalía solicitó su detención al considerar que había aumentado el riesgo de fuga, dado el reconocimiento de que la investigación está muy avanzada y próxima a juicio. La Policía ha finalizado además el análisis de los dispositivos telefónicos y se ha levantado el secreto total del sumario.