La Fiscalía Superior de Andalucía investigará la denuncia presentada por el sindicato Ustea ante el inicio de curso respecto a supuestas "ratios ilegales" en centros educativos de la provincia Granada, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.
El sindicato ha presentado en los últimos días sendos escritos a la Fiscalía sobre este asunto, el último este pasado lunes, cuando expuso que esta "masificación en las aulas" impide mantener las distancias interpersonales recomendadas por las autoridades sanitarias para evitar el contagio por coronavirus.
A juicio del sindicato, esto podría ser constitutivo de un delito contra la salud pública y de hecho entiende que hasta que no se cumpla este extremo no se dan las condiciones de seguridad para el inicio de curso.
Fuentes de la Fiscalía han informado a Europa Press de que ambas denuncias han sido unificadas y se estudiarán como un único caso, para lo que se ha decidido incoar expediente e "iniciar aquellas actuaciones que se estimen convenientes para el esclarecimiento de los hechos".
El sindicato Ustea ha presentado en total ante la Fiscalía 21 casos de unidades planificadas con supuestos ratios ilegales. En el escrito presentado el pasado lunes, consultado por Europa Press, se alude como ejemplo a una docena de colegios e institutos de Granada en los que supuestamente hay unidades con ratios ilegales que oscilan entre los 26 y los 38 alumnos, si bien el sindicato asegura que son muchos más los afectados.
Recuerda Ustea en el documento que en Primaria la ley establece un máximo de 25 alumnos y en Secundaria 30, y dado que no se da "ninguno de los motivos que justifican la excepcionalidad de aumentar un 10 por ciento la ratio legal por unidad", mantiene que las unidades concedidas en el mes de junio para el curso que se inicia este septiembre han sido "planificadas claramente con ratios ilegales".
En el escrito se agrega que la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene la declaración de pandemia respecto al Covid-19 y que la actual situación en las aulas dificulta e incluso impide mantener las distancias mínimas marcadas por las autoridades sanitarias para evitar los contagios, por lo que se reclama que se investigue la actuación de la Consejería de Educación en este asunto.
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