Hace 12 años, Izquierda Unida registraba una proposición no de ley en el Parlamento andaluz para que la Junta instara al Gobierno central al cierre de los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) que existían en ese momento en la comunidad, Capuchinos en Málaga —cerró en 2012—, el de Algeciras y, especialmente, el de la Isla de Las Palomas, en Tarifa, levantado sobre un antiguo acuartelamiento militar como una solución temporal ante el desbordamiento de las instalaciones algecireñas. Han hecho falta 13 años y cinco meses, casi 5.000 días, para que, en medio de la peor crisis sanitaria global del último siglo motivada por el coronavirus, el Gobierno de España haya anunciado la clausura definitiva —prevista inicialmente para 2022— de un centro que se vació de migrantes en marzo pasado, a raíz del estado de alarma.
"Las condiciones de los centros de detención temporal de inmigrantes son muy similares a las que imperan en las prisiones y, a veces, incluso peores, apuntando que ONG, agencias internacionales, delegaciones parlamentarias y periodistas, después de visitar estos centros, han denunciado la iniquidad, la deshumanización y la degradación de estos lugares, donde se violan con frecuencia los derechos humanos y las libertades fundamentales, y los inmigrantes son víctimas de violencia", argumentaba la propuesta de IU en 2008, en plena gran recesión social y económica en Europa y en pleno debate abierto sobre la gestión de los movimientos migratorios por parte de la UE. Año a año, las demandas y reivindicaciones siguieron en la misma senda. Siempre sin respuesta.
En marzo de 1992, 28 años antes del pasado 23 de junio, cuando se anunció el ansiado cierre de estas instalaciones, ya recuerda la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía que se empezó a detener a personas migrantes usándose para ello unas instalaciones del puerto de Tarifa y, posteriormente, una escuela abandonada. "Tras muchas denuncias y la actuación de los Defensores del Pueblo de Andalucía y España, se cerraron las instalaciones en octubre de 1993, aunque esto no implicó que se dejara de detener a personas migrantes. De hecho, el encierro continuó sirviéndose de varios tipos de instalaciones: calabozos, polideportivos o barracones militares de la Isla de Las Palomas". Finalmente, el 19 de junio de 2003, empezó a funcionar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras en las instalaciones de su antigua cárcel. En junio de 2006 comenzaría a funcionar provisionalmente el CIE de Tarifa.
Antiguo cuartel en la Isla de Tarifa, en una imagen reciente. FOTO: JOSÉ LUIS TIRADO (www.joseluistirado.es)
"Han sido 13 años y cinco meses los que ha necesitado el Gobierno para cerrar por fin el CIE de Tarifa, después de una situación de alegalidad casi permanente, después de muchísimas denuncias por jueces, por el Defensor del Pueblo, y por supuesto por las ONG, que no hemos parado de poner de manifiesto las enormes vulneraciones de derechos humanos que se estaban cometiendo en ese centro, tanto por sus condiciones como por la condición específica y geográfica que tenía. Y total, ¿para qué? Para apenas expulsar al 20% de los que allí estaban internados. Se demuestra la absoluta inoperancia e ineficacia de ese centro", ha asegurado a lavozdelsur.es Rafael Lara, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos en Cádiz y coordinador de Solidaridad Internacional en esta ONG a nivel andaluz.
"Marcado carácter carcelario"
La Fiscalía General del Estado, en su memoria anual del año 2007, señalaba que “el día 10 de octubre de 2006 se haya erigido en la Provincia de Cádiz un nuevo Centro de Internamiento de Islas de las Palomas (Tarifa) que se ha utilizado como ampliación del CIE de Algeciras y que padece todas las deficiencias propias de un centro provisional”. Asimismo, añadía que “las dependencias de la Isla de las Palomas presentan deficiencias difícilmente superables”. Posteriormente, se realizaron obras de urgencia indicando que su utilización quedaría “reservada para situaciones de urgencia y para uso transitorio”. Nunca fue así. En mayo de 2009, el entonces Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, aseguraba en su memoria anual que "las instalaciones no son adecuadas para una estancia digna de los extranjeros, ya que su pasado como prisión provincial, imprime al centro un marcado carácter carcelario".
Vista de la isla con el faro con más de dos siglos. FOTO: JOSÉ LUIS TIRADO (www.joseluistirado.es)
En el año 2016, la Jueza de Control del CIE inspeccionó los CIE de Algeciras y Tarifa y corroboró las denuncias que desde hace años se han venido haciendo sobre los mismos. En los autos 206/2016 y 53/2017 de 8 de mayo exigía, entre muchas otras cosas, las siguientes condiciones sobre el CIE de Tarifa: la construcción de espacios lúdicos adecuados en espacio y contenido; la instalación de luz natural en las habitaciones de los internos; la supresión de rejas en las habitaciones de los internos; la instalación de apertura inmediata de las habitaciones desde el exterior; la supresión de habitaciones con más de tres internos, así como la instalación en cada una de ellas de ducha, retrete y cisterna y lavabo, así como de una pared o una puerta que cubra todo el cuerpo del interno; la supresión de las duchas colectivas; y la supresión de rejas en las habitaciones de los internos. A raíz de estos autos disminuyó el número de personas privadas de libertad, recuerdan desde la ONG, a la que se han sumado otras como Andalucía Acoge o partidos políticos.
Punto más meridional de la Europa continental, con un faro que lleva más 200 años encendido alumbrando las aguas del Estrecho de Gibraltar, conectada a tierra por una travesía construida en el siglo XIX y en pleno parque natural del Estrecho —algunos aún recuerdan cómo había que pedir permiso para ir a avistar cetáceos—, la isla ha servido en esta década larga de checkpoint y, acto seguido, de cárcel por un máximo de un semestre para cientos y cientos de almas que buscaban en esta orilla un proyecto de futuro, escapando de guerras o de la miseria. Este centro en Las Palomas, según los datos aportados por APDHA, inicialmente tuvo capacidad para retener a 160 personas, que ha llegado a reducirse a menos de 80 personas en los últimos meses a instancias de la Jueza de Control del CIE.
Por este Centro de Internamiento de Extranjeros "han pasado miles de personas migrantes, en su mayoría procedentes de países subsaharianos, durante sus más de 13 años de existencia, aunque nunca han proporcionado los datos separados de los del CIE de Algeciras". Su uso en los últimos años ha sido superior al del CIE algecireño, dada la semiruina de éste, que ha ido limitando su capacidad, desde 190 a menos de 40 plazas en el último año. En este sentido, Lara comenta que "es una noticia para alegrarnos después de tantos años pidiéndolo, pero lamentablemente esto no significa que el Gobierno este pensando en cambiar su política de tratamiento de la llegada de personas migrantes".
De hecho, insiste, "el núcleo duro de esa política sigue siendo el encierro de las mismas en los CIE, y precisamente se está construyendo uno nuevo en Algeciras para 400 personas que sigue su curso. Desde APDH no podemos dejar de reivindicar es que los CIE no sirven para lo que dicen servir, vulneran los derechos humanos, hay otros procedimientos para tratar a las personas que llegan de una forma más acogedora y solidaria. Y por tanto, alegría, pero al mismo tiempo reivindicación para que esta política de encierro, rechazo y represión de las personas migrantes cambie".
Control de la Guardia Civil en la isla. FOTO: JOSÉ LUIS TIRADO (www.joseluistirado.es)
El futuro de la isla
Grupos conservacionistas como Agaden o Ecologistas en Acción llevan pidiendo desde hace años, en paralelo al cierre del CIE, el uso y disfrute ambiental de la isla de Las Palomas. Como aseguran desde Pro Derechos Humanos, "estos más de 13 años el Gobierno ha preferido dedicar la Isla de Las Palomas a vulnerar los derechos humanos de las personas migrantes frente a permitir a todas las personas que disfrutaran de un espacio como este". Porque la Isla de las Palomas, subrayan, es un enclave natural único y privilegiado, parte del Parque Natural del Estrecho, una zona de extraordinaria riqueza biológica tanto en superficie como en su espacio marino, y excepcional para la observación de las migraciones de aves entre los continentes africano y europeo.
Desde la isla se pueden observar gran cantidad y diversidad de cetáceos que viven o pasan por el Estrecho de Gibraltar. Además, tiene una gran importancia cultural e histórica, con restos arquitectónicos que datan desde el siglo VI a.C. Con toda esa riqueza del enclave, el objetivo ahora del Ayuntamiento de Tarifa es redoblar la apuesta por revalorizar como activo de turismo de naturaleza este espacio. El alcalde de Tarifa, el socialista Francisco Ruiz no ha querido hacer declaraciones a este medio, pero sí aseguró cuando Interior le comunicó la clausura del CIE que "se ha hablado de un trabajo serio y un proyecto de futuro que ha desencadenado finalmente la no entrada en funcionamiento del CIE".
"Es una noticia importante para el municipio que abre muchas expectativas y muchas posibilidades en torno al uso público de la isla. Todo esto proviene de la comunicación continua y puntual que hemos mantenido con el Ministerio del Interior sobre cada uno de los progresos y avances del proyecto", manifestaba el regidor tarifeño, quien insistía en que "ahora se abre un futuro interesante para la Isla de Tarifa que tiene que ser consensuado entre el Ministerio de Transición Ecológica, con competencias en la zona de Dominio Público Marítimo Terrestre, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, el Parque Natural del Estrecho y el Ayuntamiento de Tarifa, además de los necesarios procesos participativos que se incorporen".
Ecologistas en Acción ha reclamado en este tipo que nunca se deba permitir en el interior de la isla usos privados relacionados con hoteles, zonas residenciales, restaurantes, cafeterías, así como el establecimiento de un cupo de visitas diarias y siempre guiadas. Igualmente, han expuesto, "no debería permitirse en la isla la entrada de vehículos, a excepción de los relacionados con los servicios de vigilancia, control, guardería...".
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