Solicitar la jubilación o iniciar los trámites para cobrar el paro se ha convertido en un problema para miles de ciudadanos debido a las dificultades para conseguir cita previa en la Seguridad Social y en el SEPE. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado de retrasos prolongados y falta de disponibilidad en numerosas oficinas, una situación que puede impedir completar gestiones dentro de plazo.
Según la organización, el sistema actual provoca que solicitudes urgentes, como el acceso a la pensión de jubilación o a la prestación por desempleo, se alarguen durante semanas. Por ello, reclama que este tipo de trámites se resuelvan en un máximo de cinco días para evitar perjuicios a los afectados.
El problema se concentra en el sistema de cita previa, que continúa siendo obligatorio en muchos casos. Ante la dificultad para acudir presencialmente, algunos ciudadanos se ven obligados a recurrir a la vía telemática, aunque no siempre disponen de medios o conocimientos para hacerlo.
Falta de citas en la Seguridad Social
El estudio realizado por la OCU analizó oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social en 26 provincias. Durante dos semanas se intentó obtener cita en varias ocasiones en cada oficina y, en más de la mitad de los casos, no fue posible conseguirla en la misma ciudad.
En capitales como Granada, Tarragona, Valencia o Zaragoza no hubo disponibilidad en ninguno de los intentos. En otras, sí aparecieron citas, pero con esperas que superaban los veinte días. En Bilbao la media fue de 28 días, en Murcia de 20 y en Málaga de más de 23, plazos que la organización considera excesivos para trámites relacionados con la jubilación.
Problemas también para pedir el paro
La OCU ha cumplido el análisis al funcionamiento del SEPE y ha detectado que, aunque la disponibilidad era algo mayor, los retrasos siguen siendo relevantes. La solicitud de la prestación por desempleo debe realizarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a la pérdida del trabajo, por lo que una cita tardía puede reducir la ayuda u obligar a tramitarla por internet.
Ante esta situación, la organización propone fijar plazos máximos, eliminar la obligatoriedad de la cita previa en la atención presencial y crear sistemas de atención prioritaria para mayores y colectivos vulnerables, con el objetivo de evitar retrasos en gestiones consideradas esenciales.
