El propietario del restaurante El Ventorro, en Valencia, ha remitido a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana la factura, dos fotografías y el plano del reservado donde comieron el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana el día de las riadas que causaron 229 víctimas mortales en la provincia. La sala, según los documentos entregados, es una habitación con dos grandes ventanales de suelo a techo con cortinas, una mesa ovalada rodeada de varias sillas, un sillón y un mueble auxiliar.
En su declaración, la periodista afirmó que por la puerta de acceso del reservado solo entró el dueño del establecimiento el 29 de octubre, durante la comida. Ante la solicitud expresa de la instructora, el propietario aportó un plano detallado con las medidas exactas de cada lado de la estancia, además de la factura emitida a nombre del PP. El documento recoge un importe de 165 euros correspondiente a dos menús concertados en la mesa 106.
Reclamación al restaurador realizada este pasado lunes
La jueza de Catarroja reclamó el pasado lunes esta documentación al restaurador, a raíz de su testifical del 21 de noviembre y a petición de varios letrados, con el objetivo de reconstruir lo ocurrido el día en que se reunió el Cecopi para coordinar la emergencia. En su escrito, citó el auto de 16 de octubre de 2025 de la Audiencia Provincial de Valencia, donde se avalaba la “pertinencia” de diligencias destinadas a dilucidar el proceso de deliberación seguido en aquel encuentro del 29 de octubre de 2024.
El tribunal había subrayado entonces que el presidente es la máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y preside el Consell, con competencias directoras y de coordinación que le otorgan capacidad para impartir instrucciones al resto de sus miembros. Ese auto consideró relevante la declaración de la periodista al entender que “hubiera podido escuchar lo que el president de la Generalitat dijera al comunicarse telefónicamente con la entonces consellera de Justicia e Interior”, investigada en la causa, Salomé Pradas, “o bien comentarios que el president pudiera hacer a raíz de dichas conversaciones”.
La petición de las fotografías de la sala reservada fue admitida por la instructora debido a la necesidad de valorar si quienes se encontraban dentro podían haber oído comentarios o conversaciones del presidente Mazón relacionados con la emergencia. Dado que las imágenes no permitían apreciar el tamaño real del espacio, la jueza consideró “preciso” que se aportaran las medidas exactas “de ancho y de largo de la sala donde tuvo lugar la comida”.
La magistrada justificó asimismo la solicitud de la factura y la comanda al entender que estos documentos “acreditarían de manera objetiva el hecho mismo de la comida en el expresado establecimiento, así como su duración estimada, sin depender de las declaraciones testificales”. La investigación también analiza lo ocurrido tras la comida y la prolongación de la estancia en el restaurante, así como la salida conjunta a la vía pública hasta el aparcamiento, a partir de la cual se han articulado nuevas diligencias y testificales vinculadas a los movimientos de Mazón y Vilaplana.