El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana un Real Decreto que actualiza el procedimiento de medición de la penosidad en el ámbito laboral. Esta nueva normativa forma parte de la última reforma de pensiones y tiene como objetivo actualizar y mejorar el procedimiento original de 2011, que había quedado desfasado. La medida es fruto de un acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo social, en la que han participado CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, junto al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración.
El nuevo Real Decreto establece un modelo objetivo para medir la penosidad laboral, garantizando su aplicación de forma común para todas las actividades que impliquen condiciones especialmente penosas, tóxicas, insalubres o peligrosas. La finalidad es superar las limitaciones del procedimiento anterior y permitir una medición más precisa de los riesgos laborales que afectan la salud de los trabajadores.
Según CCOO, uno de los objetivos clave de este nuevo procedimiento es detectar las actividades laborales que sean especialmente penosas y, a partir de ahí, activar medidas de salud laboral. Estas medidas pueden incluir modificaciones en las condiciones de trabajo o la búsqueda de segundas actividades para los trabajadores afectados. En este sentido, la prioridad será garantizar que ninguna persona vea afectada su salud como consecuencia de las condiciones laborales.
Coeficiente reductor en la jubilación
El procedimiento establece que solo cuando se haya acreditado que una actividad es especialmente penosa, tóxica, insalubre o peligrosa, y no sea posible mejorar la situación mediante medidas preventivas de salud laboral, podrá reconocerse un coeficiente reductor en la edad de jubilación. Este coeficiente se asociará a un aumento en las cotizaciones sociales, que serán asumidas tanto por las empresas como por los propios trabajadores, en términos similares a los que ya se aplican en la actualidad.
Una de las principales novedades de este Real Decreto es la actualización de los indicadores de penosidad. Además de los indicadores tradicionales, como los accidentes de trabajo, la incapacidad permanente, los fallecimientos sobrevenidos o el volumen de incapacidad temporal, ahora se incorporan nuevos criterios, como referencias al género y la edad. Esta incorporación permitirá una medición más exhaustiva y precisa de las situaciones de penosidad en el trabajo.
Además, se incluirá la posibilidad de utilizar informes epidemiológicos para detectar situaciones de penosidad que antes resultaban más difíciles de acreditar. Estos informes serán una herramienta clave para identificar riesgos que afecten la salud laboral de los trabajadores.
Solicitud conjunta de las organizaciones sindicales y empresariales
Otra de las novedades importantes es que el inicio del procedimiento debe ser solicitado de manera conjunta por las organizaciones sindicales y empresariales. Esta medida busca fomentar la colaboración entre ambas partes para garantizar que el proceso se inicie de manera eficiente. Sin embargo, también se contempla la posibilidad de que la administración sea la que impulse la solicitud para evitar bloqueos por parte de alguno de los actores legitimados para activar el procedimiento.
Con estas reformas, el Gobierno busca no solo mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, sino también garantizar un sistema de pensiones más justo para aquellos que realizan trabajos en condiciones especialmente difíciles. La actualización del procedimiento será un paso fundamental para asegurar la salud y el bienestar de los trabajadores en actividades penosas y peligrosas, garantizando un entorno laboral más seguro y equitativo.