El Gobierno ha aprobado una partida de 30.000 euros destinada a contribuir a la defensa jurídica de ciudadanos españoles que estén acusados en el extranjero de delitos que puedan acarrear la pena de muerte. La medida ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado y puede solicitarse hasta el 23 de mayo.
Actualmente hay una persona en esa situación: Ahmed el Saadany Ghaly, de nacionalidad española, condenado en 2017 por el asesinato de su cuñado en la ciudad egipcia de Damietta. Desde España se ha instado en varias ocasiones a las autoridades egipcias para que se le conmute la pena de muerte.
Ghaly ha negado los hechos y ha alegado haber sufrido torturas durante los interrogatorios. La ayuda aprobada por el Ejecutivo está orientada a reforzar la defensa jurídica de ciudadanos españoles en procesos en los que esté en juego una condena a muerte fuera del país.
Una ayuda pensada para casos extremos en el extranjero
El director de la Fundación +34 Nunca Olvidados, Javier Casado, ha explicado que esta cuantía está más pensada para el sistema estadounidense, donde después de una condena a la pena capital existe la posibilidad de presentar un recurso, “que cuesta un dineral”.
La Fundación +34 Nunca Olvidados asiste a españoles encarcelados en el extranjero “en situación de desamparo”, aunque la ayuda del Gobierno no alcanza a todos los presos españoles fuera del país. No pueden beneficiarse de esta partida quienes estén condenados a otras penas ni tampoco quienes cumplen cadena perpetua en otros países.
Entre los casos más conocidos se encuentra el de Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, condenado en Tailandia a cadena perpetua por el asesinato del cirujano plástico Edwin Arrieta en 2023. También en Tailandia cumple cadena perpetua el español Artur Segarra, condenado en 2017 a pena de muerte por el asesinato de su compatriota David Bernat. Posteriormente, su condena fue reducida a prisión perpetua.
Otro caso que tuvo gran repercusión fue el del hispano estadounidense Pablo Ibar, condenado primero a pena de muerte en Estados Unidos en 2019 por un triple asesinato. Pasó 16 años en el corredor de la muerte antes de que esa pena le fuera conmutada por la cadena perpetua.
La labor de la Fundación +34 y los límites de la asistencia
La Fundación +34 no ha intervenido en estos casos porque, según explica Casado, los condenados a los que prestan asistencia no pueden estar relacionados con delitos de sangre, sexuales o de terrorismo. Aun así, sí atienden a sus familias cuando se ponen en contacto con ellos porque, afirma, “no tienen culpa”. La organización cuenta con una red de más de 480 voluntarios en todo el mundo. Su labor consiste en asistir a presos españoles en el extranjero, salvo los casos excluidos, facilitándoles medicinas o cualquier otra prestación “básica”, aunque nunca dinero.
Además, el Gobierno, a través de la red de Oficinas Consulares de España, puede contribuir con atención económica por un máximo de 120 dólares mensuales cuando la familia o allegados no puedan proporcionarla. Sin embargo, Casado advierte de que, en muchas ocasiones, la fundación es contraria a esta ayuda consular. Según señala, puede favorecer que estos presos sean “extorsionados” por otros internos cuando se sabe que cuentan con dinero dentro de la cárcel.